Hace exactamente una semana, la atención mundial se centró en Venezuela debido a las elecciones, que una vez más destacaron la crisis que ha estado empeorando desde 2017. Sin embargo, mientras proliferan los mensajes de apoyo, la pregunta crucial es: ¿Qué estamos haciendo realmente para apoyar a nuestros hermanos venezolanos?

Los venezolanos que llegan a Colombia y otros países no lo hacen por elección; huyen desesperadamente de una crisis interna, sistemática y generalizada. Para entender esta situación, es importante conocer el concepto de flujos migratorios mixtos, definido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como movimientos de población que incluyen refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos y otros migrantes.

Es importante distinguir entre estos grupos, ya que sus circunstancias y necesidades son distintas. Los refugiados son aquellos que se ven obligados a abandonar su país de origen debido a persecuciones, conflictos armados o violencia generalizada que amenazan su vida o libertad. Los migrantes económicos, en contraste, buscan mejores oportunidades laborales o económicas.

No obstante, en una crisis económica, social y política como la de Venezuela, la línea entre migrantes económicos y refugiados puede casi que confundirse, ya que muchos migrantes económicos también se ven forzados a abandonar el país debido a la falta de oportunidades y condiciones de vida.

En este sentido, los flujos migratorios mixtos presentan un gran desafío para los Estados. No solo porque sobrepasan su soberanía en la determinación de quién puede ingresar y bajo qué condiciones, sino porque las personas involucradas son más propensas a sufrir privaciones, violaciones de derechos humanos y discriminación.

Esta crisis migratoria es parte de un fenómeno global que afecta a millones de personas. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el desplazamiento forzado ha seguido aumentando en los primeros meses de 2024; a finales de abril, la cifra supera los 120 millones de personas desplazadas a causa de persecuciones, conflictos, violencia generalizada.

A pesar de la solidaridad expresada en redes sociales, que es valiosa en términos de visibilidad, se queda en lo simbólico. En realidad, se escuchan quejas y comentarios xenófobos sobre la llegada de venezolanos, como: “¡Vienen a robar y a matar!”, “Vienen a quitarnos nuestro trabajo”, “¿Qué vienen a hacer aquí?”. Estos comentarios reflejan una falta de comprensión de la verdadera situación que enfrentan.

¿Te imaginas tener que dejar a tu familia, empacar lo esencial en una maleta y abandonar todo lo que has construido? Cada persona o familia que llega tiene una historia llena de sueños y esperanzas, pero también marcada por el dolor de dejar lo construido y la búsqueda de algo más que solidaridad superficial: la protección y salvaguarda de sus derechos humanos.

En lugar de ver a los refugiados y migrantes como una amenaza, debemos entenderlos como personas que, ante la imposibilidad de vivir dignamente en su país, buscan desesperadamente oportunidades para sobrevivir y contribuir a la comunidad de acogida.

Ahora bien, las críticas a la cooperación internacional no se han hecho esperar y son comprensibles, pero es fundamental reconocer que las organizaciones internacionales trabajan como apoyo para garantizar el acceso a derechos fundamentales. Los Estados no están haciendo un favor al abordar la crisis, son quienes deben asegurar que los mecanismos de protección sean efectivos y se adhieran a los principios legales y humanitarios. En Colombia, el artículo 93 de la Constitución establece que los instrumentos internacionales ratificados tienen rango de normas constitucionales, prevaleciendo sobre la normativa interna.

Como país receptor, enfrentamos el desafío de ofrecer soluciones sostenibles a una crisis humanitaria para la cual nunca estuvimos completamente preparados. Recordemos que no nos vienen a quitar lo que es nuestro; en el pasado, Venezuela nos recibió cuando la situación en Colombia era aún más difícil, pero la memoria del pueblo es corta.

Debemos ser claros y contundentes en nuestras acciones, considerando tanto a la población con vocación de permanencia como a la de tránsito. Prepararnos para adaptarnos a esta situación significa proporcionar apoyo real: acceso a servicios básicos, oportunidades laborales y un entorno sin discriminación.

Aunque la formulación de políticas públicas debe ser coherente y el desarrollo de legislación y programas adecuados son importantes, no son suficientes por sí solos. Hay que tener en cuenta las actividades complementarias, como la capacitación a funcionarios gubernamentales para abordar la complejidad de los flujos  migratorios mixtos y la difusión de información clara.

No se trata solo de publicar una foto en redes sociales; se trata de informarse para reducir prejuicios y discriminación, apoyar a emprendedores, fomentar el empleo formal y apoyar a organizaciones que trabajan en los derechos de migrantes y refugiados. Es hora de ir más allá de lo mediático y contribuir a una sociedad más inclusiva. El desafío es grande, pero nuestra respuesta debe ser aún mayor.

Por: Sara Montero Muleth