Hace pocos días se presentó en Bogotá el informe ‘Ley 1257: cinco años después’ para conocer los avances de la implementación de esta ley sobre no violencias contra las mujeres, con la que el Gobierno Nacional le apostó a la disminución de los casos de cualquiera de los tipos de violencias contra el género femenino.

Ley que además dictó normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y reformó los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996.

Este informe de seguimiento, el segundo que se da a conocer desde que se implementó la Ley fue presentado por la Mesa por el derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencias, que analizó de manera crítica las oportunidades y dificultades en la aplicación de las acciones normativas de la 1257, implementadas por el Estado colombiano para enfrentar las situaciones de violencia contra las mujeres.

Las conclusiones no son alentadoras. Contrario a lo que se esperaba con esta Ley, después de cinco años de ser sancionada y promulgada, la Ley 1257 “aún no logra concretarse en el efectivo acceso a la justicia, persisten distintas barreras que impiden su implementación y permanece la impunidad con respecto a la investigación, juicio y condena de los victimarios”.

Estas son unas conclusiones a nivel nacional, que se repiten en cada una de las regiones de Colombia, de las cuales no está exento el Cesar, donde la aplicación de dicha Ley ha tenido todo tipo de dificultad, especialmente en el nivel de la justicia. Hace pocos meses EL PILÓN conoció el caso de una mujer que vive en un barrio de invasión de Valledupar, a la que su marido le propinó una golpiza, que entre otras no era la primera. Ella decidió poner fin a su sufrimiento y llamó a la Policía, que afortunadamente acudió a su llamado, pero al conocer que se trataba de una pelea “entre marido y mujer”, le recomendaron no poner denuncia ante la URI o la Casa de Justicia.

Es ahí donde están las fallas de la aplicación de la Ley, que a pesar de que ha tenido buena difusión entre la comunidad, organizaciones sociales, entidades territoriales, no ha hecho eco entre las autoridades y organismos de justicia, que son los primeros en quitarle validez a la denuncia de una mujer violentada. Esta Ley que comenzó a regir desde el día de su promulgación –cuatro de diciembre de 2008-, determinó en su Artículo 39 que su implementación se debía hacer “mediante reglamentaciones, rutas de atención, circulares, memorandos y otras modalidades de ajuste de reglas de juego, para lograr la operatividad efectiva de la ley, incorporar sus principios, aclarar responsabilidades funcionales, presupuestales y mecanismos de cumplimiento entre otros”. Ni lo uno ni lo otro. Las rutas de atención no se han activado siquiera. Deberían existir albergues para recibir a las mujeres víctimas de violencia, que generalmente deben regresar a la casa donde está su victimario y caen nuevamente en el círculo de la violencia.

La aplicación de la Ley no se hace solo con campañas intermitentes, ni con afiches pegados en los vidrios de almacenes o en las carteleras de las alcaldías y Gobernación. Se hace con el compromiso de todas las entidades y actores involucrados, en los cuales la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería y veedurías ciudadanas son claves.