En el Cesar durante  años se han censurado algunas formas predominantes del quehacer político. Creíamos (y creemos) que la democracia y la elección popular no deben ser determinadas por el dinero de las campañas. Más allá de esa apreciación, durante la última década vimos con reojo a La Guajira, con más de 12 gobernadores en los últimos 7 años. Mientras, en nuestro territorio, los Monsalvo Gnecco, y sus aliados de conveniencia, concentraban el poder, criticados, pero sin asomo de inestabilidad.

Las cosas cambiaron. Y el Cesar empieza a padecer la enfermedad del vecino: inestabilidad administrativa. Y es que este lunes, en el marco de la continuación de la audiencia del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el magistrado del Tribunal Superior Judicial de Bogotá se mantuvo en imponerle medida de aseguramiento,  dentro de la investigación por las irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, aunque, hay que decirlo, no está condenado.

No es la primera vez que Monsalvo debe apartarse del cargo. En julio de 2020, la Sala Especial de Primera Instancia dela Corte Suprema de Justicia condenó a 61 meses y 16 días de prisión al gobernador del Cesarpor corrupción electoral durante las campañas del 2011 para alzarse como gobernador para el periodo 2012 -2015. Sin embargo, en segunda instancia fue absuelto.

Durante ese tiempo, estuvo como gobernador encargado el exsecretario de Agricultura, Wilson Solano. Luego volvió Monsalvo, quien ahora sale, abriendo una nueva etapa de inestabilidad.

Esto,  negativo para el departamento, es el efecto de una crisis que tiene su asiento en el desgaste de poder que representa ‘otro tipo de continuidad’, que tiende a prolongarse en el tiempo de predominio de una hegemonía política y sin alternancia de poder.

Ha pasado ya en la historia política departamental con dinastías políticas familiares que se han derrumbado cuando más se las creía invencibles. Ahora, cuando se completarían 3 mandatos sucesivos de una sola máquina electoral, por razones propias de la política,  se presenta hastío en amplios sectores de la población, en particular los más activos intelectualmente y generadores de opinión, y esta opinión local empieza a tener efecto y reflejo en el escenario nacional, cada día más identificada con que la tarea contra la corrupción es clave tanto en el centro como en la periferia.

Más cuando son gobiernos,  como lo hemos señalado,  que se aíslan de la ciudadanía, poco la consultan, le entregan obras y hechos cumplidos, que han considerado a sí mismos que son los necesarios;  solo creen en su leal guardia palaciega, consideran que son sus votos los validadores, siendo frutos de desmedido gasto,  particular y oficial, y del manejo clientelista y enriquecedor propio de contratos y puestos. Anulando la política de exposición de ideas, propuestas; generación, discusión y oposición  de políticas públicas. Piensan que generan beneficios porque hacen faenas de entregas de infraestructuras y de beneficios al detal  y no al por mayor. Solo resta decir: este embate judicial podrá cambiar el futuro electoral del departamento.