Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie

No es la primera vez que Human Rights Watch (HRW) despliega su desconcertante discurso en defensa de los derechos humanos con un doble y amoral rasero y un reduccionismo argumentativo, que evidencia su animadversión por la institución castrense. Sólo que esta vez cayó en una indebida intromisión por no ser vocero oficial del gobierno americano. Su advertencia, de llevar al país ante la Corte Penal Internacional o reducir la ayuda militar, no asustó el Ministro de Defensa. En cambio, sus demandas para desmontar el Fuero Militar de la Reforma a la Justicia, tuvo un sonoro “Pues NO” del titular de Justicia. Y sonó a un intento por amordazar a nuestros militares y descalificar al Estado en su legítima lucha contra el terrorismo.

¿Qué hay detrás del activismo de HRW que exculpa a criminales, pero hostiga a las fuerzas armadas? ¿Por qué no se pronuncia sobre el “Marco jurídico para la paz”, que abre troneras a las amnistías, desconoce normas internacionales en DDHH y DIH y permite que criminales amnistiados participen en política? ¿Por qué calla sobre la propuesta de las FARC para elevar a norma constitucional el canje humanitario, como si se tratara de una mercancía? ¿Dónde están sus pronunciamientos en favor de los 7.000 militares asesinados y los 20.000 heridos en la última década? ¿Por qué no hace sus discursos en el Batallón de Sanidad, donde asisten 4.600 hombres caídos en las minas que siembran las guerrillas?

Sus dardos contra el artículo que busca restituir y fortalecer el Fuero Penal Militar, acusan ignorancia y olvidan los derechos humanos de los militares, que también los tienen. El gobierno ha sido claro. El Fuero Penal Militar no es un privilegio, no es un instrumento de impunidad o un esguince a la comisión de delitos de lesa humanidad. Es, ante todo, una garantía de defensa técnica, para que la fuerza pública tenga como juez natural a aquellos que conocen el terreno y las particularidades de la guerra contra el narcoterrorismo.

La hostilidad ideológica de HRW, que presiona para que la Justicia Ordinaria conozca la totalidad de los hechos, desconoce al menos tres aristas: La primera, radica en la eficacia de la Justicia Ordinaria. Un reciente estudio de ANIF demuestra que sus resultados son “bastante mediocres”. Para sólo mencionar un indicador: tiene pendientes por evacuar 2.9 millones de procesos, 6.337 por cada 100.000 habitantes en 2010, en comparación con 6.226 de 2000. Es decir, continúa acumulando una década después.

La segunda, es que existen tácticas e infracciones de la estrategia militar, que son de estricta competencia de la jurisdicción castrense. Por tanto, requieren jueces especializados en la naturaleza del accionar en combate. Con un atenuante, los problemas de independencia que reclama HRW, hace rato fueron superados. Los jueces militares de hoy cumplen funciones exclusivas en este frente, que dejan sin piso la carencia de objetividad por la relación en la línea de mando.

Finalmente, el propio Ministro de Defensa designó a una comisión de expertos, de distintos linajes ideológicos, que tendrá la última palabra para el ajuste integral de la Justicia Penal Militar, en la que han estado empeñados los últimos gobiernos. De este esfuerzo es de donde surgirá un aparato fortalecido y aún más eficiente, incluido el Fuero Penal.

Por todas estas razones carece de fundamento su indebida intromisión. En cambio, bueno es decir, que todos los países en el mundo tienen para sus FFAA el fuero, en especial USA que incluso impide que sus nacionales en funciones oficiales sean juzgados en terceros países. Por qué HRW no hace lo propio con su principal financiador? Es esa la amoralidad con la que actúa? El burro hablando de orejas.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN