Esta semana que está a punto de terminar estuvo pasada por el doloroso recuerdo de los 25 años de desaparición de los 7 agentes del CTI de la Fiscalía General, hechos ocurridos en el marco del conflicto armado en el departamento del Cesar.

Son 25 años de ausencia y silencio para las familias de estos siete funcionarios, de quienes no se tiene información oficial de su paradero o del destino que pudieron haber tenido.

De los más de 124 mil desaparecidos en el país y de los cerca de 10 mil en el departamento del Cesar, el caso de los siete funcionarios del CTI se ha convertido en el más cruel referente de ese episodio de horror vivido en nuestro territorio. Es la triste historia de Edilberto Linares Correa, Carlos Arturo Ibarra Bernal, Hugo Quintero Solano, Danilo Carrera Aguancha, Mario Abel Anillo Trocha, Israel Roca Martínez y Jaime Elías Barros Ovalle, a quienes sus familias aún esperan.

Fue una semana en la que, además de recordar las lamentables cifras de desaparecidos, allí en el Parque de la vida, de Valledupar, se rindió homenaje a la memoria de las víctimas y se le reiteró el apoyo y acompañamiento a las familias que han sufrido en carne propia el flagelo de la violencia. También hubo despliegue informativo de los distintos medios de comunicación, incluido editorial del diario El Tiempo.

“Resulta difícil no estremecerse ante la magnitud de ese flagelo y frente a cada una de las historias de personas que nunca volvieron con sus familias por la situación de zozobra e inseguridad que ha imperado y desafortunadamente sigue imperando en gran parte del territorio nacional”, señaló el editorial de El Tiempo.

Según cifras que maneja El Tiempo, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas reveló que a la fecha se han encontrado restos de 2.495 personas que fueron desparecidas y asesinadas durante el conflicto armado, de esas solo 426 cuerpos han sido entregados dignamente a sus familias; mientras que “el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Grube, creado a partir de la Ley de Justicia y Paz en 2005, ha logrado recuperar 8.736 cuerpos de víctimas de los grupos paramilitares –el actor con mayor responsabilidad en este crimen, con el 52 % de los casos, según la Comisión de la Verdad– y devolver a sus familias los restos de 5.029 personas”.

Y la búsqueda continúa, siguen apareciendo fosas comunes y el drama no pareciera tener fin, mientras múltiples verdades siguen ocultas con todos sus pormenores, situación en la que están inmersos los siete funcionarios del CTI en el Cesar y que al parecer ha superado toda la experticia, capacidad logística y de inteligencia de las entidades comprometidas con dar resultados sobre esa materia.

Es un drama que no cesa para miles de familias como bien los señala el editorial de El Tiempo y en el caso en particular de los siete agentes del CTI la Gobernación del Cesar anunció esta semana el pago de $20 millones de recompensa para quién brinde información precisa y contundente sobre ese particular.

Cualquier esfuerzo que se haga en pro de dignificar la memoria de las personas desparecidas siempre será poco para sus seres queridos, más aún si nunca aparecen sus restos mortales. Por ello es estrictamente necesario que tanto la institucionalidad como la sociedad civil sigan unidas de manera permanente a las familias que sufren ese dolor indefinido y que no sea solo al cumplirse la fecha de sus desapariciones.