En Colombia, 80 de cada 100 casos de abuso sexual en los últimos años fueron de tipo intrafamiliar, cometidos por padres, padrastos, tíos, abuelos y primos, lo que denota una descomposición familiar y una desprotección en los niños y niñas. Así lo dio a conocer la directora de la Agencia PANDI (Agencia de Comunicaciones que trabaja en los temas de derechos humanos), Ximena Norato, en el marco del taller de Periodismo y Derechos de la Niñez y de la Adolescencia dictado por la Unicef y PANDI en Bogotá a un grupo de periodistas del país, donde fue invitado EL PILÓN.

“El abuso sexual siempre ha existido y que por fortuna con el paso del tiempo se ha empezado a evidenciar. Hicimos un rastreo de las cifras de abuso sexual en el país de 20 años hacia atrás, encontrando que el 86 % del abuso sexual es en contra de los niños y niñas. Hay cifras alarmantes como que cada año entre los 0 y 4 años más de 2.400 niños y niñas llegan a Medicina Legal para ser evaluados por presunto abuso sexual”, explicó.

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De acuerdo a Medicina Legal, las cifras anteriores deben multiplicarse por 60, porque ellos solo conocen el 30 % de cada 100 casos, por el hecho de ser intrafamiliar, por lo que muchos se cohíben de denunciar a esposo, sobrino, tío o al papá. Al respecto, Norato argumentó que “las afectaciones físicas, psicológicas, emocionales y los embarazos, que resultan de estos abusos sexuales, traen consecuencias negativas en la vida de las niñas y en la afectación de las sociedades”.

Para prevenir estos casos considera que es urgente educar a las familias que estas situaciones no son normales, que porque le haya pasado a la mamá no tiene por qué pasarle a la hija, y si le pasó a la hija no debe pasarle a la nieta. “Hay que empoderar a las mujeres porque hay muchas mujeres que sus hijas son víctimas de violencia sexual, pero como el que cometió el delito es el proveedor de la casa lo deja pasar, por lo que casi se vuelve cómplice del abuso sexual para que la figura masculina siga llevando comida. Por otro lado, si el abuso no es intrafamiliar cree que se debe fortalecer a los niños y a la sociedad como corresponsables de los derechos de los niños, para que sepan que nadie puede tocar sus partes íntimas, enseñarles cuáles son sus partes íntimas, de tal manera que si le pasa estará empoderado para decirle a la mamá o cuidador que está pasando una situación irregular”, acotó.

Por su parte, el abogado especializado en Derecho de Familia, en Ley de Infancia y Adolescencia, Alejandro Ruiz, aseguró que en los países donde ha bajado esta problemática es donde más se ha educado en los derechos de los niños y las niñas. “En las sociedades europeas, por ejemplo, los niños de 5 y 6 años de edad conocen la Convención de los Derechos de los Niños, los adultos conocen y defienden la protección de los infantes.

Mientras no trabajemos en esa educación para que conozcan cuáles son los derechos de los niños no vamos a tener una sociedad protectora. No es un tema de cadena perpetua, es un tema educativo porque tenemos un sistema inoperante, que tiene un 97 % de impunidad. Es un sistema que tiene que ser eficiente y partir de la prevención”, subrayó.

LA NIÑEZ DEBE SER PRIORIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Ruiz también disertó sobre la garantía de los niños, niñas y adolescentes; la prioridad en el gasto público; la mirada social, lo que quiere decir que la sociedad debe mirar esta población como sujetos prevalentes de derecho, donde todas las acciones que tiene que hacer la sociedad para la protección de los derechos de los niños siempre se desarrollen; y sobre la necesidad de mirar a los niños como sujetos de derecho, es decir tener en cuenta su opinión, mirarlo como seres humanos, como seres que merecen ser respetados y no como un simple jarrón.

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“El mensaje que le queremos dar a la ciudadanía es que por todos los medios tenemos que luchar para que la garantía de la prevención y de todos los servicios que se tienen que dar a los niños, niñas y adolescentes para su desarrollo sea una realidad. Lo anterior se logra haciendo un lobbie en la gestión pública para que alcaldes, gobernadores y el mismo presidente de la República, que construye su Plan de Desarrollo, garantice que todos los niños tienen suficiente cobertura educativa y cultural en todos los territorios, y que algunas localidades que siquiera tengan agua potable, puesto que el 24 % de los municipios en Colombia no cuentan con este servicio, ni eliminación de excretas; no tienen cobertura educativa suficiente, el analfabetismo está subiendo cada vez más. Los niños y niñas que fueron desvinculados del conflicto necesitan también atención porque también son niños que tienen derechos”, aseveró.

A la ciudadanía los exhorta a que hagan presión política para que la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes sea una realidad, lo cual sería la mejor forma de construir una Colombia nueva. “Si no invertimos en los niños, como está demostrado en otros países, no tendremos un cambio social”, enfatizó.

“EL CASTIGO FÍSICO DEBE ABOLIRSE”

La directora de la Agencia PANDI aseguró que el castigo físico en los niños y niñas debe abolirse, que no necesariamente es maltrato, entendiéndose como agresiones más fuertes que muchas veces terminan en un hospital. “Los pellizcos, chanclas voladoras, manotazos, correazo, coscorrones, estrujones, entre otras prácticas, deben abolirse porque está comprobado científicamente, lo cual ha publicado en diversas ocasiones la revista Pediatric, que el castigo físico produce alternaciones en la salud, hay mayor predisposición a padecer de tensión arterial alta, diabetes y problemas mentales en la adultez; también psicológicamente un cerebro asustado es un cerebro que no aprende porque las neuronas no hacen sinapsis”, argumentó, agregando que cuando se le dice a un niño “bruto, usted no va a ser como su papá o mamá, usted no va a llegar lejos”, entre otras frases, el niño llega asustado al colegio, recuerda esas frases y el cerebro está como ‘privado’.

Este razonamiento también aplica en derechos humanos. “Por qué no le pego una cachetada a mi jefe cuando me cae mal lo que dice, por qué mi compañero no me pega cuando derramo el jugo en el comedor, por qué cuando voy a presentar un informe con un socio y no alcancé a hacer las conclusiones no me agrede; pero en cambio, si el niño no hace la tarea se le da un manotazo, si derrama la comida se le da una palmada, si contesta mal se le da una cachetada. Allí se evidencia la diferencia del tratamiento del niño y el adulto”, afirmó la experta.

Para contrarrestar estas prácticas, Ximena Norato plantea la necesidad de educar a las familias que sí es posible educar a los niños y niñas sin castigo físico ni frases humillantes y que las consecuencias de ello es crear niños felices, sanos, mentalmente preparados y tranquilos, que no van a agredir a sus compañeros del colegio o el trabajo ni a sus compañeras sentimentales en un futuro. Recalcó que “se les debe enseñar el diálogo, el acompañamiento, la reflexión, la confianza. Explicarles cómo el ejemplo educa, y si este es: ‘que el marido me pega y yo le pego al niño, éste le pegará a sus mascotas y a sus compañeritos’, se necesitan nuevas pautas de crianza y revaluar lo que estamos haciendo como padres con los hijos”.