Un tortuoso o más bien difícil 2018 vivieron varios alcaldes y concejales en el departamento del Cesar; las cosas, a pesar de que tuvieron asesores por doquier, no les salieron bien y terminaron sancionados, inhabilitados y hasta presos por los organismos de control e investigación.

Es el caso de los concejales de Valledupar, a quienes en primera instancia la Procuraduría General de la Nación los destituyó e inhabilitó por 12 años, saliendo afectados 16 de los 19 que conforman la corporación.

El Ministerio Público no les dejó pasar la irregularidad cometida al elegir en febrero de 2017 a Omar Contreras Socarrás como contralor municipal y los sancionó porque omitieron sus deberes al elegir a alguien que estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos, al tiempo que consideró que los concejales vulneraron los principios de transparencia, moralidad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la función pública.

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Resultaron afectados con la medida Gabriel Muvdi, Alex Pana, Carlos Daza, Carlos Picón, Jaime Bornacelly, Gloria Ovalle, Ricardo López, Leonardo Mestre, José Gómez, Eudes Orozco, Luis Miguel Santrich, Rober Castro, Wilfrido Ortiz, Yesith Triana, Víctor Alvarado y José Amiro Araméndiz.

Pero el trago amargo de la escogencia de contralor viene desde que asumieron como concejales para el período 2016-2019, cuando escogieron a Álvaro Castilla como contralor, pese a que no obtuvo la nota más alta en el concurso.

La elección de Castilla los llevó ante la Procuraduría que los sancionó en primera instancia, en segunda lograron descansar, al ser absueltos; pero luego debieron elegir un nuevo contralor por orden del Consejo de Estado que les dijo que debían elegir al primero en la lista e hicieron lo propio con Omar Contreras sobre quien pesaba una inhabilidad por ser defensor del Pueblo; esto les ocasionó la nueva sanción del Ministerio Público, pero antes de ello, tuvieron que escoger un nuevo reemplazo para contralor, eligiendo a Jorge Araújo Ramírez quien también estaba inhabilitado por ser funcionario de la misma contraloría.

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Así las cosas, los concejales de Valledupar no han tenido paz ni tranquilidad y el tema les quita el sueño y también las “ganas de seguir”, según mencionó uno de ellos.

Los concejales de Valledupar no son los únicos atormentados por la Procuraduría. En Chiriguaná, la alcaldesa Zunilda Toloza Pérez y los concejales Walter García Machado, Alexander Barragán Galvis y Miguelina Esther Orta Montecristo fueron destituidos por 13 años por irregularidades en la elección del personero.

Los líos de la exmandataria no quedaron ahí, cuando ya incluso le habían nombrado reemplazo en su municipio, el cuatro de diciembre se presentó ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía en Valledupar, debido a que contra ella pesaba una orden de captura por los delitos de peculado por apropiación, por la entrega de unos paquetes nutricionales para la tercera edad a través del programa Abuelos Mejor.

Otro que vivió un año amargo fue el alcalde de Codazzi, Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, quien es conocido más por sus escándalos que por sus obras, dicen en su municipio.

Peñaloza fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Valledupar que lo suspendió por seis meses del cargo, debido a que no apropió recursos suficientes en el presupuesto para el pago de una sentencia judicial.

Además de esta sanción, el fin de semana, en vísperas de la Navidad, ‘Luchito’ como es conocido el mandatario, protagonizó una pelea con sus opositores cuando se encontraba en aparente estado alicoramiento.

El Concejo de Valledupar pasó un difícil año debido a la sanción de la Procuraduría por la elección del contralor.

El espectáculo fue grabado y el video subido a redes, por lo que a Péñaloza Fuentes le hicieron tantas críticas que pasó una triste Navidad.

La Procuraduría también le ‘opacó’ el año a la alcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle Arzuaga, quien fue suspendida del cargo por cinco meses en un fallo de primera instancia.

El motivo que llevó al Ministerio Público a tomar esta decisión obedece al escándalo por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que le fue asignado para su seguridad.

Es así como fue encontrada responsable de no cuidar el bien que le fue asignado, es decir la camioneta de placas HTW-278 de la UNP que protagonizó un accidente, del cual se responsabilizó su esposo Julio Eduardo Morón.

Otros que pasaron un mal año fueron la exsecretaria de Salud del Departamento, Carmen Sofía Daza Orozco, y varios de sus excolaboradores, quienes fueron también sancionados por el Ministerio Público por el caso del medicamento Survanta y los 16 neonatos muertos de la Clínica Laura Daniela.

El pasado tres de diciembre, Daza Orozco recibió el fallo en primera instancia de una sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses como secretaria de Salud, mientras que al líder del programa de Vigilancia y Control de la misma secretaría, Jorge Alberto Aroca Urrutia, y la profesional universitaria de esta, Gladys Chinchía Vence, la suspensión e inhabilidad general fue por 12 años.

El sonado caso de los neonatos que fallecieron en la Clínica Laura Daniela luego de la aplicación del Survanta a varios menores que presentaban problemas respiratorios les pasó factura; algunos dicen que muy barata.

Así las cosas, la Procuraduría fue el tormento de los mandatarios y concejales que en el 2019 tal vez revisarán con mayor detenimiento cualquier actuación.

Sandra Santiago B./ EL PILÓN