La revista Semana publicó hace pocas horas que la Corte Constitucional ordenó a la Décima Brigada adelanta un proceso de consulta con indígenas arhuacos y negociar la compensación por la construcción de su base de operaciones en el cerro El Alguacil.

“El territorio indígena está más allá del derecho a la propiedad”, dijo la Corte Constitucional en un trascendental fallo de tutela en el cual le ordenó al Ejército negociar con indígenas arhuacos su presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, el alto tribunal le ordenó a la Décima Brigada adelantar un proceso de consulta previa con esa comunidad, para negociar mecanismos de compensación con sus integrantes como medida restaurativa por el funcionamiento del batallón de artillería que opera desde 1988 en una zona que para ese pueblo indígena resulta casi un santuario.

En 1962 el Ejército ocupó el cerro El Alguacil, en la Sierra Nevada. Tres años después, el personero municipal de Valledupar (Cesar) le entregó de manera gratuita el dominio de los territorios al organismo castrense.

En 1988, esa misma zona del cerro se convirtió en lo que hoy es una base de operaciones de la Décima Brigada del Ejército, que funciona como batallón de artillería de esa unidad.

Adicionalmente, en el mismo lugar fueron instaladas antenas de comunicación que hoy están al servicio de la empresa de telefonía celular Movistar, la electrificadora Electricaribe y el canal de televisión Telecaribe.

Ni los militares, ni las empresas que prestan servicios públicos, pero tampoco los organismos gubernamentales se percataron de que el cerro, que se convirtió casi en una fortaleza militar y una fuente satélite para la prestación de servicios públicos, también era el lugar más sagrado para la comunidad arhuaca, que habita en la Sierra.

En lengua iku, indígenas lo llaman Inarwa y lo consideraban uno de los escenarios con más alto valor simbólico para sus integrantes, que día a día acuden allí para agradecerle a su dios el poder disfrutar de los alimentos y otros componentes de la tierra.

La Fundación Misión Colombia se percató de la irregularidad. Consideró que un territorio ancestral como este no podía ser puesto al servicio de la inteligencia militar y mucho menos para el desarrollo de actividades comerciales.

Por eso, la entidad interpuso una acción de tutela que fue conocida por la Corte Constitucional. Esa autoridad le dio la razón al accionante, quien actuó en defensa del amparo de los derechos de los indígenas.

La Corte volvió a demostrar que el derecho a preservar las costumbres y valores de los públicos aborígenes debe estar por encima incluso de principios fundantes de la sociedad moderna, como lo es la propiedad privada.

Por eso, la corporación ordenó a Movistar, Electricaribe, Telecaribey al Ejército Nacional adelantar el proceso de consulta con los arhuacos.

Atendiendo a que la existencia de la base militar puede resultar esencial para garantizar la seguridad nacional, la Corte anotó que durante la consulta se deben negociar métodos de compensación, para que se repare el impacto cultural que para la comunidad puede generar la presencia en el lugar de la institución castrense.

Al final, la corporación advirtió que no se puede descartar que en el futuro, tanto la base de operaciones como los equipos de telecomunicación sean retirados definitivamente.