El martes pasado leí la interesante columna escrita por el joven galeno Iván José Castro López, en la cual refiere las situaciones calamitosas de los médicos, debido más que todo al sistema de salud que en realidad ha dejado la administración de la salud en manos de las EPS o mal llamadas Empresas Promotoras de Salud, porque la mayoría de estas empresas dizque sin ánimo de lucro, con total indiferencia ante el sufrimiento humano se apropian el erario destinado a la prevención de las enfermedades y a la atención de la salud de los colombianos más pobres.

Me solidarizo con la protesta del mencionado galeno, con relación al fallo condenatorio contra el destacado colega especialista en cirugía general, Manuel José del Castillo Amarís, a quien un Juez Penal del Circuito de Valledupar lo declaró responsable de homicidio culposo en la muerte de una paciente de 16 años de edad, por lo cual le impuso dos años y 8 meses de prisión, además lo obliga a reparar los daños y perjuicios a los familiares de la fallecida, a pagar al Estado la multa de 26,66 salarios mínimos mensuales vigentes, equivalentes a la suma de 22 millones de pesos y, para colmo, lo conmina a que en adelante debe llevar un buen comportamiento social e individual, como si tan prestigioso cirujano fuera un malvado y persistente criminal. ¿Será que los jueces de la República tienen derecho a estas manifestaciones rayanas al maltrato de los buenos ciudadanos como el médico Manuel del Castillo? Asombrado, con todo respeto por mi ignorancia en lo respectivo, la pregunta se la hago a los otros jueces y demás profesionales del derecho.

Ojalá que alguno de ellos sea lector de esta columna y tenga la voluntad y gentileza de ilustrarme.

En fin, el novel columnista, en su artículo que estoy comentando, describe el real drama del ejercicio de la profesión médica, no sólo en Valledupar sino en todo el país. En verdad, no me atrevo a decir que sea por la Ley 100 de 1993, pero si digo que dicha ley limitó la ética médica, ya que su implementación fue un insolente desafío al gremio médico, especialmente a sus miembros leales a la deontología médica, que han preferido retirarse voluntariamente de su ejercicio profesional para no profanar el juramento hipocrático, y poder quedar satisfecho de haber cumplido la promesa formalizada en ceremonia solemne de graduación, cuando las autoridades de las universidades otorgan los diplomas de médicos.

Esta nefasta ley también les quita autonomía a los médicos en sus decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, que las EPS y las IPS ponen a sus cargos bajo tarifas irrisorias, pues estas empresas imponen restricciones al ejercicio médico, flagrante vulneración de la autonomía profesional, no conforme con tal abuso, sus administradores o propietarios les pagan sus servicios a veces cobrándoles porcentajes de las deudas acumuladas y los médicos asfixiados por las necesidades les toca negociar los estipendio ganados en condiciones desfavorables si tenemos en cuenta que las EPS y las IPS a los honorarios de los profesionales de la salud les glosan los medicamentos y procedimientos no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), algunas de estas empresas tienen el descaro de cobrarles el costo generado por los efectos adversos de los procedimientos quirúrgicos, así que el respeto a la dignidad de los profesionales de la salud es letra muerta.