El amarre presupuestal, que la ley 30/1992 le hizo a la educación superior, es un nudo gordiano: crecer acorde con el IPC refleja la actitud despectiva de nuestros gobiernos frente a tan importante sector; es una forma vegetativa de crecer haciéndole creer a la comunidad universitaria que los presupuestos de los más recientes años son muy buenos porque superan el de las FF.MM.

Este es un sofisma. En el año 2000 le asignaron $1.73 billones a  las universidades públicas y en 2018, $3.7 billones; eso significa que en términos corrientes hubo un crecimiento promedio anual de 4.2%, mientras que el IPC creció a una tasa de 4.6% promedia anual en el mismo periodo; indica que el incremento estuvo 0.4% por debajo de lo estipulado en la ley 30. Pero si hacemos la paridad peso-dólar entre estos años tomados como referencia (US$2.088 en 2000 y US$3.097 en 2018), buscando una deflación monetaria, la tasa de incremento anual fue apenas 2% a precios constantes; esta es la tasa real porque ajusta los efectos de la inflación. A las universidades públicas del país les bailaron el indio. Lo malo es que nadie, ni las universidades mismas, se daban cuenta de la trampa. Por eso es tan grande el déficit que tiene la universidad pública, dicen que $16 billones, casi un billón de pesos por año.

Parte de este déficit lo alimenta el programa “Ser Pilo Paga” que ha devorado $3.7 billones, caídos en las arcas de la universidad privada, en su mayoría. Este raquítico crecimiento financiero está por debajo de la demanda oficial de cupos. Nuestros gobernantes siguen creyendo que el crecimiento económico de una nación depende en exclusivo de la inversión extranjera y de las exportaciones; esa teoría está revaluada, la fuente primordial del crecimiento está en la ciencia y la tecnología; Paul Romer, acaba de recibir el Nobel de economía (por favor, no digan Nóbel) por sus contribuciones a la teoría del crecimiento, soportada en la ciencia y la tecnología, articulada con el capital físico y humano. Ejemplos de esta concepción los dan Singapur, Finlandia, Corea del Sur y la China. Colombia está invirtiendo apenas el 0.67% del PIB en ciencia y tecnología y le va a quedar difícil cohabitar con los países de la OCDE, los cuales invierten cerca del 4%. Sin ciencia y tecnología nuestra educación superior es frágil; en el ranking QS de 2018, solo siete de nuestras universidades se ubican en las primeras mil del mundo y sólo dos públicas, Nacional y Antioquia. El presupuesto asignado a la educación pública ha venido disminuyendo históricamente: entre 2005 y 2000, creció 17.4% anual; entre 2010 y 2005, 9.64%; entre 2015 y 2010, 7.1%, y entre 2018 y 2015, 8.45%; todo esto en términos corrientes; pero en todo el periodo 2000/2018, el crecimiento real promedio fue 4% por año. La estructura presupuestal y financiera de Colombia hay que replantearla; no es posible que el funcionamiento del Estado represente más del 63% de todo su presupuesto (más de un millón de empleados); si a eso le agregamos más del 20% para el servicio de la deuda, lo que queda para inversión es el 15% del cual ha vivido una pequeña elite durante 200 años. Esto tiene que cambiar, ninguna empresa así es viable.

Luis Napoleón de Armas P.