El vallenato y hoy Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, fue noticia en la revista capitalina Semana, donde describen al alto funcionario como un hombre discreto y silencioso, apático a las reuniones y a dar declaraciones a los medios de comunicación, comparándolo con los demás jefes de los organismos de control en Colombia.

“En Colombia, los últimos años las cabezas de los organismos de control han hablado más que los políticos. No hay tema de la actualidad nacional sobre el que estos altos funcionarios no hayan tenido una opinión. Los debates entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez han sido una especie de pelea de boxeo. Se han dicho de todo, pues son antagonistas ideales. Ambos levantan banderas contrarias en el proceso de paz. Uno odia el aborto, el matrimonio gay, la eutanasia y la dosis personal. El otro lo defiende a capa y espada. Mientras ese duelo tenía lugar, el defensor del Pueblo tuvo que salir de su cargo por un escándalo de maltrato laboral y la revelación de conversaciones íntimas con su secretaria privada.”, así inicio el articulo Semana.

La publicación describió al abogado vallenato como un hombre silencioso. “En medio de esa batalla verbal, hay una voz que ha brillado por su silencio: la del contralor. Edgardo Maya, es el cuarto mosquetero de estos altos funcionarios pero, a diferencia de ellos, habla muy poco. No sale casi nunca en medios. No da declaraciones. No opina sobre ningún tema. El abogado vallenato lleva un año en el cargo y se ha hecho sentir solo por los temas que tienen que ver con su trabajo. Por eso, la semana pasada sorprendió que saliera a decir que el presidente no necesitaba un plebiscito para firmar la paz con las Farc, y el concepto que la Corte Constitucional le pidió sobre el tema se convirtió en una noticia”.

Maya llegó a la Contraloría en un momento difícil, después de la pelea entre su antecesora, Sandra Morelli, y Eduardo Montealegre. Ella, de temperamento recio y acostumbrada a hablar muy duro, se había ido del país por un proceso penal que le abrió el fiscal. Este la acusaba de haber arrendado irregularmente un edificio en la calle 26 como nueva sede de la entidad. Además de la controversia, cuando Maya llegó no tenía ni oficina. Los funcionarios del organismo de control tuvieron que dividirse en varias sedes, y él terminó heredando el viejo edificio del Ministerio de Justicia en la avenida Jiménez.

Después de un año de trabajo, el país escuchó al contralor hablar fuerte por primera vez en medios hace unas semanas. Maya le presentó a la nación los resultados de una investigación que paralizó a la opinión pública. En un documento de 145 páginas, hecho por 15 auditores, denunció los problemas en la construcción de la Refinería de Cartagena, Reficar, el proyecto más costoso realizado hasta el momento en el país. El contralor hizo público que el costo total ascendió a 8.016 millones de dólares, es decir, el doble de lo inicialmente previsto. El tema escaló a tal nivel que Ecopetrol y Reficar tendrán que dirimir sus diferencias con la compañía norteamericana Cb&i, encargada de la ejecución de la obra, en un tribunal internacional.

En medio de la polvareda, Maya volvió a alzar la voz en contra de Glencore. El contralor aseguró que la multinacional suiza, que estuvo en la primera fase de ese proyecto, quería “arrodillar al país” y evitar pagar una multa que su entidad le impuso por 62.000 millones de pesos por unas regalías de carbón que le dejó de pagar a la Nación. No era la primera vez que le metía el diente al tema. La entidad también entregó un completo informe en el que cuenta a dónde fueron a parar los 18 billones de pesos que se han girado a las regiones por ese concepto.

Encontraron 134 casos con presuntas irregularidades en 112.000 millones de pesos. Uno de los capítulos más impactantes tenía que ver con la alimentación escolar, pues cerca de 8.000 millones que debían ir para los niños se habían embolatado.

Otro tema gordo en el que se metió Maya tiene que ver con la crisis energética. La Contraloría cuestionó el controvertido cargo por confiabilidad. Se trata de cerca de 18 billones de pesos que han pagado los colombianos en los últimos nueve años a las plantas térmicas y a las hidroeléctricas para garantizar que no existan problemas en la prestación del servicio. Con el país al borde de un racionamiento y algunas de estas empresas cuestionadas por el manejo que le dieron a estos recursos, como es el caso de Termocandelaria, este puede convertirse en uno de los temas más duros del año y en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno.

Así, el contralor, sin mucho protagonismo, ha tenido una voz en varias grandes polémicas del Estado. Sus decisiones han apretado entidades como Gas Natural, Caprecom, la Universidad Abierta y a Distancia (Unad), Famisanar, el aeropuerto El Dorado, la Unidad Nacional de Protección y la Autoridad Nacional de Televisión. Quienes lo conocen de cerca dicen que ese siempre ha sido su estilo. Calladito, calladito, seguirá dando de qué hablar.