En un fallo de primera instancia, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Cesar ordenó suspender el desarrollo de las actividades mineras en zonas de la serranía de Perijá, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico, debido a que estas podrían traslapar con ‘territorio ancestral de la comunidad yukpa’, suspensión que iría hasta cuando se delimite el territorio de la comunidad indígena.
Las empresas Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, en su momento solicitaron sustraer un territorio de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones para la implementación de un botadero llamado El Palomo, en el cual se pretende manejar y hacer la disposición del residuo estéril producto de la explotación minera, actividad que se lleva a cabo en la operación para extraer el mineral.
Sin embargo, el territorio donde se instala el botadero, una vez aprobada por el Ministerio de Ambiente la solicitud que permitió la sustracción de unas hectáreas de la zona de reserva forestal de la serranía de Los Motilones en la serranía de Perijá, al parecer está sobre un territorio que reclama la comunidad yukpa en un proceso que estudia la Agencia Nacional de Tierras.
