Mañana:
Durante la segunda reunión de concertación laboral para acordar el incremento del salario mínimo, los dirigentes sindicales recibieron con preocupación las cifras del Gobierno que confirman una productividad negativa que llega al 0.4 por ciento.
Julio Roberto Gómez, vocero de la Confederación de Trabajadores de Colombia, manifestó que el comportamiento de la economía no permitirá un incremento superior del 2.5 en el salario mínimo. “Desde el punto de vista legal al hacer la operación, le resta, productividad negativa del 0.4, inflación del 2.7 ó del 3 por ciento, inflación esperada del 3, podría significar una propuesta del 2.5 ó 2.7 por ciento”.
En ese sentido, el dirigente sindical propone, sacar la discusión de ese plano y que haya un aumento de 40 mil pesos mensuales, para que el salario mínimo legal quede en 555 mil pesos, con el fin de aumentar el consumo en el país y crear una mayor oferta y capacidad de compra.
Para mañana lunes está programada la siguiente reunión en la que se espera ya un paso concreto de negociación en torno al salario mínimo legal, y desde ya las bases obreras anunciaron que de no llegarse a un acuerdo sería instalada una mesa especial de negociación.
Hasta este momento los empresarios y el Gobierno han guardado silencio y se muestran reservados frente a su propuesta de incremento.
Así mismo, la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y la Confederación de Pensionados de Colombia -CPC-, después de una amplia deliberación y ante la grave situación económica y social que viene sufriendo la población colombiana, el sector informal, los trabajadores del campo y el alto grado de desempleo generado por las reformas laborales, así como la tercerización, la privatización, el desmonte de los derechos laborales y prestacionales, acordó que antes de hablar de porcentaje solicitar al gobierno medidas que logren proteger la capacidad de compra de los trabajadores colombianos.
Entre las medidas, está el congelar los productos de la canasta básica familiar y los costos académicos en la educación, controlar las alzas de los combustibles y demás insumos del transporte, evitar las alzas de las tarifas de los servicios públicos, ya que estos no tienen un real control del Estado. La aplicación del salario mínimo que se concerte, afectará a unos seis millones de trabajadores que devengan el mínimo legal.
