Una de las tantas vergüenzas nacionales que tenemos la representan las vías terciarias del país; son casi 143.000 km de los cuales solo el 6 % es apto para la movilidad rural y cada día a los niños les toca hacer largos recorridos y cruzar ríos y cañadas arriesgando sus vidas para asistir a clases; igual, los campesinos no pueden sacar sus cosechas con la eficacia necesaria. Esta es una tragedia insoluta para los nadie. Por tradición, este ha sido un problema insoluto, los campesinos no tienen dolientes, todo el dinero del sector se destina a las vías 4G, costosos puentes y túneles que, si bien son necesarios, las primeras también. 

El presidente Petro presentó una solución para que, a través de convenios solidarios, estas obras pudieran contratarse con las juntas de acción comunal de cada vereda campesina. El objetivo era doble: por un lado, redistribuir los recursos de la Nación con un sector nunca beneficiado y por el otro agilizar las obras y ponderar la pertenencia de sus usuarios. Inaudito, el Consejo de Estado tumbó estos propósitos con el argumento de que esta decisión gubernamental atentaba contra el derecho a la igualdad de contratación. ¿Cuál derecho? ¿Que participen los Emilio Tapias y las “marionetas”? ¿O habrá que traer a la Abudinen para que contrate? ¿Podrán las juntas de acción comunal participar en un proceso licitatorio en un ambiente de equidad? ¿Por qué Thomas Greg siempre se ganaba la elaboración de los pasaportes? Esto es para Ripley. La licitación pública, así como los concursos para proveer puestos, son una mentira institucional, los ganadores de ambos están predeterminados. Hacer una placa huella, que es una solución parcial, no debería someterse a tango rigor institucional. ¿Y por qué departamentos y municipios sí pueden contratar estos servicios con teguas y empresas fantasmas constituidas dos días antes del contrato? ¿Acaso los que ganan los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, son chefs? Aquí prima el embeleco jurídico, nos está matando el santanderismo, los parágrafos están por encima de las necesidades. 

Ya la Corte Constitucional había echado por tierra la solución definitiva de agua potable para La Guajira y también la tasa impositiva a las utilidades en el sector minero energético que le quitan a la nación $20 billones este año. Este juego jurídico podrá ser divertido para las Cortes y beneficioso para ciertos sectores, pero criminal para los colombianos menos favorecidos. No me explico porque muchos creen que la CPC/1991 debe estar blindada, no es perfecta; nada lo es, todo es susceptible de perfeccionamiento, son muchas las cosas por corregir, lo racional en función de las necesidades nacionales debe primar. Desde Gaviria, que firmó la nueva constitución, ésta ha tenido 55 reformas, 17.5 % de su articulado; de estas, 34 las hicieron Uribe y Santos y no colapsó el país, pero nadie ha hecho el análisis de la conveniencia de estos cambios. ¿Por qué, entonces, le tienen miedo a que se produzcan nuevos cambios en la Carta Magna? Son buenos cuando los hacen ellos, malos cuando otros los proponen. La constitución de un país equivale a las balineras de un sistema de rodamiento, cuando se dañan hay que cambiarlas, no deben tener rozamientos que impidan la marcha, se debe avanzar, única forma de mantener la vida. 

El país necesita una reingeniería jurídica, la sociedad avanza más que cualquier articulado y las instituciones deben adaptarse a los cambios para los cuales no deberían existir diques. Los cambios son permanentes, necesarios e inexorables. ¿Qué tal que la Tierra se detuviera mientras revisamos si gira en sentido antihorario o no? Legislar para una sociedad es como hacerlo para la fisiología. Qué tal que el corazón se sometiera a una legislación. Los paradigmas, que son verdades aceptadas universalmente, también cambian; durante dos mil años se aceptó que el átomo era indivisible hasta que Bohr y Rutherford demostraron lo contrario y dijeron: esta es una falacia. 

Luis Napoleón de Armas P.