Del portal de noticias ‘La Guajira hoy’ registramos las declaraciones de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez este sábado 10 de diciembre en Riohacha dando inicio a los encuentros de concertación de una transición energética justa. La ministra que estudió filosofía, estudios culturales y geografía bien sabe que el desarrollo hacia nuevas energías en la península no ha sido fácil y que las comunidades étnicas, por razones culturales y de espacio, por decir geográficas, han venido tensionando la instalación de macroproyectos, en especial los de generación eólica.

“Por eso, sabemos que los proyectos de energía eólica y de parques solares deben asegurar que se hacen con máxima seguridad ambiental y con reconocimiento de las particularidades culturales del territorio y con un principio de responsabilidad social”, añadió la Ministra.

La ministra dijo -según el portal- que, atendiendo al problema de la ‘pobreza energética’ que viven muchas comunidades que habitan en zonas no interconectadas, el Ministerio quiere implementar un modelo de comunidades
energéticas que cuenten con “microrredes que permitan más estabilidad en el sistema eléctrico en esas zonas. Es la posibilidad de que las comunidades sean copropietarias o propietarias de los sistemas de generación de energía”, explicó.

Esto porque en la alta Guajira por la dispersión poblacional no se cuenta con energía para los residentes, en el territorio donde se están montando los inmensos aerogeneradores. En La Guajira se destinaron $600.000 millones este año para proyectos sociales de regalías .

Ese igual evento se desarrollará en el Cesar el próximo 21 de diciembre, y esperamos que se asuma con decisión, sin ambigüedad y dilación un pronunciamiento gubernamental sobre el pedido de la población del
corredor minero para que se exploten las áreas dejadas por Prodeco, se
recuperen más de 10.000 empleos e importantes recursos necesarios para financiar, que es la manera de asegurar -y aunque suene paradójico o contradictorio acelerar- la transición porque todos esos equipos, logística, insumos requieren bastante dinero; aún en las economías ricas de los países del norte ha habido problemas de
financiación y cubrimiento de tarifas y riesgos porque mientras maduran y se consolidan los nuevos proyectos se requiere que la población y las industrias y servicios tengan un abastecimiento permanente y confiable de energía con costos razonables en medio de una inflación desbordada a escala mundial.

Pero esa estrategia de la ministra de Minas se complementa con otra liderada por la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y expuestas en la Audiencia del Senado en La Jagua el pasado mes: la de convertir el departamento del Cesar en proyecto ‘piloto’ de políticas de transición de emergencia, precisamente porque al parecer el Gobierno no adjudicaría esas áreas a un nuevo operador minero y requiere con urgencia un plan para responder a las desesperadas angustias y necesidades sociales en los municipios mineros. Hay confusión.