Dura lex sed lex, esta expresión latina del derecho romano que significa ‘dura es la ley pero es la ley’ cae como anillo al dedo a la situación que hoy se registra en la ciudad, originada por la aplicación del Decreto Municipal que le puso desde el lunes anterior talanquera al mototaxismo en la ciudad.

Esta actividad informal que logró tapar el hueco del desempleo en Valledupar, de manera desmedida, sin ningún control, hoy tiene en jaque a la ciudad porque un grupo no representativo de este gremio del mototaxismo se ha convertido en un grupo de alto riesgo para las actividades y el normal funcionamiento de la ciudad.

Quemar vehículos, destruir buses, atacar a sus pasajeros, quemar llantas e impedir la movilidad común de la gente, generando pánico y zozobra en la ciudadanía, no es el camino, por el contrario se convierten en actos delictuosos, como el hurto, asonada, saqueo y todo tipo de daño a la propiedad privada, con el riesgo de lesiones personales y homicidios.
Con esas actitudes de hecho no se deben contradecir decisiones de carácter oficial, como la dictada por el alcalde Fredys Socarrás, que busca enderezar el camino que dejaron torcer los últimos mandatarios del municipio y algunos gobernadores que se hicieron los de la vista gorda.

Lo conducente en una sociedad civilista es acudir a los medios legales y constitucionales para revisar los fundamentos jurídicos que la sustentan, en este caso a través de la jurisdicción contencioso administrativa o mediante la acción de tutela.

Los hechos acaecidos han demostrado que un número indeterminado de habitantes de Valledupar, pertenecientes a la actividad del mototaxismo, carece de la conciencia mínima de respeto a las instituciones y del civismo mínimo que debe tener cualquier ciudadano, quienes al parecer pueden estar instigados por otras fuerzas con intereses políticos que les interesa más desprestigiar la imagen de quienes toman tales decisiones frente al inmediato proceso electoral que se avecina. Si eso es así, grave el asunto porque estarían inmersos en conductas penales que directa e indirectamente incitan al hostigamiento y a la violencia contra el Estado, la propiedad privada, la honra y la vida de las personas que habitan en Valledupar.

EL PILÓN rechaza los actos vandálicos y delictuosos, generados por la falsa cultura de la ilegalidad que día a día carcome al país vallenato.

Las personas de bien, las instituciones y los gobernantes deben mantenerse fuertes y respetuosos de la ley y hacerla cumplir, aunque dura sea su ejecución, frente a hechos como los que afectan en los últimos días en la capital del Cesar.

La medida adoptada por la Administración Municipal debe contar con el apoyo de políticas nacionales y departamentales que permitan la reconversión social y económica de las personas involucradas en este tipo de transporte informal.

Esta medida es el inicio para atenuar los niveles de inseguridad, de accidentalidad con todas sus consecuencias, hechos que en su mayoría son causados por este tipo de transportes, y lograr el orden, la convivencia, el respeto y la estética urbana. Esta medida del alcalde Socarrás busca proteger la vida de los vallenatos, mientras los niveles de accidentalidad en el país son del 13%, en Valledupar superan el 35%.
Nos unimos a la petición que le hace a la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo del Cesar, Omar Contreras, para que preserve el orden y la seguridad de los vallenatos.

El gobierno municipal debe continuar con la debida socialización del Decreto, utilizar todos los canales de comunicación, y recordar que ya tiene mil millones para proyectos productivos en los que pueden participar los mototaxistas que quieran cambiar de actividad.