A pesar que las últimas audiencias se realizaron sin la presencia de los medios de comunicación, estas estuvieron muy concurridas en su parte externa.
Ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar y la Fiscalía 16 fue definida la situación jurídica de las seis personas capturadas e implicadas en la millonaria estafa de la inmobiliaria Alyesko, en la que más de un centenar de incautos compradores de vivienda en remate cayeron en la red de esa empresa y nunca recibieron los predios.
Luego de las audiencias concentradas para la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías acogió algunos de los argumentos propuestos por el representante de la Fiscalía y dejó a dos de los implicados en libertad provisional, pero vinculados al proceso, ellos son: Jhon Freddy Velandia Martínez, esposo de la gerente de la entidad y Arlenis Luz Carrillo Jiménez, por falta de pruebas contundentes. En cambio les dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al exconcejal Walter Enrique Oñate Correa, a Yannelis Paola Córdoba Peña, a Ivón Katerine Piñeros Guerrero y a Ildemaro Olivella Romero, al considerar que no representan un peligro para la sociedad.
Estas personas endilgadas, son señaladas por la Fiscalía 16 local por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, por los hechos sucedidos en octubre de 2015, cuando clientes pagaron millonarias sumas de dinero para adquirir viviendas de remate, las que nunca recibieron y antes por el contrario, las mismas casas ofertadas aparecían vendidas cinco y hasta seis veces.
Reclaman justicia
“Nosotros lo que queremos es que a los procesados les caiga el peso de la ley y nos devuelvan el dinero que nos pidieron para negociar unas casas que jamás estuvieron en venta de remate”, dijo una de las víctimas de Alyesko.
Señalaron los abogados de las víctimas que apelarán las medidas adoptadas por el juez de control de garantías, con el fin de que sean revocadas y a los procesados les caiga todo el peso de la ley.
Por Abdel Martínez Pérez
A pesar que las últimas audiencias se realizaron sin la presencia de los medios de comunicación, estas estuvieron muy concurridas en su parte externa.
Ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar y la Fiscalía 16 fue definida la situación jurídica de las seis personas capturadas e implicadas en la millonaria estafa de la inmobiliaria Alyesko, en la que más de un centenar de incautos compradores de vivienda en remate cayeron en la red de esa empresa y nunca recibieron los predios.
Luego de las audiencias concentradas para la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías acogió algunos de los argumentos propuestos por el representante de la Fiscalía y dejó a dos de los implicados en libertad provisional, pero vinculados al proceso, ellos son: Jhon Freddy Velandia Martínez, esposo de la gerente de la entidad y Arlenis Luz Carrillo Jiménez, por falta de pruebas contundentes. En cambio les dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al exconcejal Walter Enrique Oñate Correa, a Yannelis Paola Córdoba Peña, a Ivón Katerine Piñeros Guerrero y a Ildemaro Olivella Romero, al considerar que no representan un peligro para la sociedad.
Estas personas endilgadas, son señaladas por la Fiscalía 16 local por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, por los hechos sucedidos en octubre de 2015, cuando clientes pagaron millonarias sumas de dinero para adquirir viviendas de remate, las que nunca recibieron y antes por el contrario, las mismas casas ofertadas aparecían vendidas cinco y hasta seis veces.
Reclaman justicia
“Nosotros lo que queremos es que a los procesados les caiga el peso de la ley y nos devuelvan el dinero que nos pidieron para negociar unas casas que jamás estuvieron en venta de remate”, dijo una de las víctimas de Alyesko.
Señalaron los abogados de las víctimas que apelarán las medidas adoptadas por el juez de control de garantías, con el fin de que sean revocadas y a los procesados les caiga todo el peso de la ley.
Por Abdel Martínez Pérez