En una carrera con obstáculos se convirtió el ejercicio parlamentario para la discusión de los acuerdos de La Habana modificados luego por los del Teatro Colón, cuya esencia fue mutilada mediante trapisondas por un puñado minoritario de congresistas que lograron la fuerza necesaria para dilatarlos con sofismas jurídicos que escondían el miedo a la verdad; algunos optaron por el ausentismo cobarde o por supuestos impedimentos, otros, los más viles, se dejaron conducir por la traición y falta de agradecimiento como los de CR y algunos goditos fachistoides, acostumbrados al dame y toma en la partida burocrática y contractual; incluso, los hubo dentro del liberalismo y del partido de la U, soporte del gobierno; en ese perverso combo de intereses políticos y electoreros estuvieron casi todos los parlamentarios del Cesar; mataron al tigre pero después le huyeron al cuero.

En el fondo, lo que desean muchos dirigentes políticos y/o congresistas es que continúe la guerra; claro con la sangre ajena, no con la de sus familiares. En esta asonada a la patria también han participado la Corte Constitucional, esa que liberó a los terceros de contribuir con la verdad, y el Fiscal General que ha actuado como torpedo. Tampoco se han quedado atrás los llamados cristianos que, guiados por los métodos de Yahvé, esos de la tierra arrasada del AT, de sangre y fuego, se apartaron de su supuesto Cristo que ofrecía ponerle la otra mejilla al enemigo y no aplicar la ley del talión que gusta a los guerreristas.

Mientras el mundo no cesa en sus elogios para los términos en los cuales se pactó el cese al fuego y la entrega de armas en Colombia, aquí, los garantes de la guerra no han dejado de escarnecerlo; infortunadamente en el Congreso quedan pocas golondrinas para sacarle todas las espinas a la corona de la negociación, tenemos un parlamento carroñero, donde anidan los peores catartiformes.

Según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, las modificaciones introducidas al acuerdo exceden las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso, para la implementación de los acuerdos. Y agrega que “lo aprobado afectará de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado”. Algunos de los puntos clave sobre esta afirmación, son: 1) Restricción para investigar y sancionar a los financiadores de la guerra. 2) Limitación de la participación de las víctimas en la Sala de Reconocimiento de la Verdad. 3) Debilitamiento de la responsabilidad en la cadena de mando en los crímenes de Estado. Así solo se podría investigar y juzgar a los actores materiales de estos crímenes (las tropas regulares), contrariando el artículo 28 del Estatuto de Roma. 4) No habrá paz duradera sin ponerle coto a la existencia del paramilitarismo. De esta manera, el poder de la JEP quedó destruido, nuestro futuro es incierto. De los 458 crímenes perpetrados contra defensores de derechos humanos entre 2009 y 2016 solo hay 28 condenas, todos autores materiales, lo que favorece a los enemigos de la JEP.

La incertidumbre es tal que, según la ONU, muchos de los guerrilleros que estaban en las zonas de concentración, ya no están, sin saberse qué filas engrosarán. La desconfianza cunde en las conversaciones con los del ELN, J.C. Restrepo acaba de renunciar, la cosa está fea. Lamentable. Más, no todo es negativo, este panorama de incertidumbre nos abre una ventana; se dice que de las grandes crisis surgen las grandes soluciones. Cada vez se fortalece la necesidad de ir a una Constituyente; a la institucionalidad hay que hacerle un revolcón, que vaya mucho más allá del que nos propuso Gaviria: el Congreso de la República es obsoleto; el poder judicial está en cuidados intensivos, igual que el ejecutivo; al sistema electoral hay que practicarle una laparatomía exploratoria; los sistemas de salud y educación no dan espera y al de la contratación hay que imprimirle decencia. Mientras tanto, en marzo a votar por una lista decente que proscriba las mafias.