Siempre había despertado en mí una incertidumbre frente a la manera cómo funcionan los organismos de cooperación, o agentes de cooperación internacional en Colombia. Por estos días con los anuncios de avances significativos en los procesos de negociación entre el Gobierno y las Farc, estos organismos han jugado un papel fundamental en lo que concierne a la supervisión de dichos acuerdos y demás puntos específicos que vendrán a continuación como el desarme y desmovilización.

¿Pero es esa la única cooperación que existe entre Colombia y esos Estados?

Tuve la oportunidad de hacer parte del programa de cooperación “entrenamiento en la Resolución 1325 de 2000 paz, seguridad y mujeres en tiempos de post conflicto auspiciado por la Agencia para el Desarrollo de Suecia”, país que ha sido un socio estratégico para Colombia por más de 50 años con el fin de superar el conflicto, aportes de vital importancia para el proceso de post conflicto en el país; lo que no resulta muy coherente es que la legislación sueca a pesar de prohibir la venta de armas a países en conflicto, haya autorizado la venta de armas en Colombia.

Y que además estos dos países mantienen relaciones para promover, promulgar los convenios y tratados de derechos humanos, ya que hacen parte del sistema universal de protección a los derechos humanos.

En nuestro Departamento tenemos presencia de casi todas las agencias de cooperación con las que Colombia ha pactado algún tipo de acuerdo en temas relacionados con Derechos Humanos, de igual manera se mantienen otros tipos de acuerdos con sectores privados como los de extracción de recursos naturales, que están autorizados no sólo por sus países sino, por el nuestro a adelantar solicitudes de títulos al Gobierno para explotación indiscriminada y a cielo abierto, la cual genera condiciones insuficientes para el ecosistema, la salud humana y peor aún el marco de utilidad es mínimo frente a las ganancias directas que perciben estas empresas, dejando una estera de miseria, despojo y desplazamiento.

Sabemos también del impacto negativo y las dinámicas en la práctica del extractivismo, en donde los países interimperialistas solo buscan satisfacer sus necesidades en materia de energía y tecnología a través de nuestros recursos, así como también lo inconveniente que resulta para países, cuyo rol es de extracción como Colombia, lograr superar las barreras de la pobreza e inestabilidad institucional, puesto que tal situación significaría la independencia económica de las potencias mundiales que necesitan de estos recursos.

Así las cosas, sería apropiado que las intervenciones que dichos organismos de cooperación realizan en el país, estuvieran direccionadas a cambiar ciertas condiciones actuales, así como las modalidades para ejercer actividades económicas que permiten violaciones a los derechos humanos de las personas y sin pretender hallar la solución única y exclusiva en un esquema regional; deberíamos tener en cuenta las campañas articuladas no solo con las comunidades afectadas por el despojo de tierras y desplazamiento forzado; sino en paralelo con estas trasnacionales con el fin de que cumplan un rol que promueva el desarrollo sostenible en nuestro territorio.

Por José Luis Blanco Calderón