Durante muchos años las comunidades indígenas fueron reconocidas por la unión que entre ellas se veía para luchar por la preservación de su cultura y territorio; estos pueblos se enfrentaban a enemigos externos (grupos armados) para conservar su sapiencia tradicional. Si bien es cierto, como en cualquier colectivo había diferencias y ‘choques’ internos estos no eran estructurales. 

Sin embargo, actualmente las etnias asentadas en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena (wiwas, koguis, kankuamos, arhuacos, yukpas y wayú) han sido noticia a nivel nacional por las divisiones internas de poder y crisis que entre las comunidades existen. 

“Esta situación es de tipo política, económica y cultural, sumado a la influencia del sistema político y administrativo occidental. Aquí hay una influencia estatal que tiene la competencia legal para tomar decisiones frente a los pueblos indígenas, por eso es un problema estructural entre los derechos de los pueblos y las instituciones”, explicó una autoridad indígena. 

KANKUAMOS 

La lucha por el poder en el pueblo kankuamo continúa. Esta comunidad durante varios años ha estado dividida en dos sectores: por un lado está Jaime Luis Arias, quien hace más de 20 años es cabildo gobernador del pueblo, y por el otro Lot Villazón, cabildo ‘ilegitimo’ del grupo ‘Chiskuinya’, del que según él hacen parte Capital, Ramalito, La Mina y Río Seco. Sin embargo, hasta la fecha, esta colectividad no ha sido reconocida por el municipio de Valledupar.

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A pesar de eso, el 20 de diciembre de 2020 las autoridades mayores y mamos en medio de varias asambleas designaron a Génesis Maestre como la nueva gobernadora de este grupo, es decir, llegó a reemplazar a Lot Villazón después de encontrarse “irregularidades en su mandato”. Esta lucha por el poder ha ocasionado conflictos internos que han llevado a fraccionar la étnia en dos partes. 

ARHUACOS

En el caso de los arhuacos hay una división entre tres sectores: el grupo de Zarwawiko Torres, máximo gobernador de la etnia en la región del Cesar, quien actualmente enfrenta cargos por fraude procesal como consecuencia de la presunta vulneración del derecho a la participación política y a la igualdad en las elecciones, debido a que, al parecer, no todos los miembros del resguardo estuvieron presentes cuando se dio su nombramiento. 

Por otro lado está Leonor Zalabata, quien se ha opuesto al mandato de Torres y es reconocida por su defensa de los derechos de las comunidades indígenas. “El pueblo arhuaco tiene una historia política que viene de antes del siglo pasado. El Ministerio del Interior debe respetar nuestros usos y costumbres de hacer elecciones en consenso y en unidad del pueblo. Al ministro no le importa que haya acusaciones de violación sexual, que estén acusados por corrupción, no le importa que haya unos derechos de autogobierno y que haya jerarquía de autoridad en nuestros territorios”, expresó.

Dentro de esta división también están los arhuacos asentados en el Magdalena, territorio en el cual funge como cabildo gobernador Danilo Villafañe, reconocido ‘defensor’ de la Sierra Nevada de Santa Marta. No obstante, en este caso se acusa una influencia política desde el gobernador de este departamento, Carlos Caicedo. 

“Caicedo lleva dos años impulsando una agenda política y electoral en la Sierra Nevada y para ello patrocina a los líderes del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas, CTC, del departamento del Cesar, desconociendo la representatividad de las autoridades indígenas del Magdalena, generando conflictos y caos en las comunidades”, escribió Nicolás Gómez en una columna de opinión en Opinión Caribe. 

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KOGUI

Recientemente los koguis fueron noticia a nivel nacional porque decenas de familias abandonaron el resguardo para preservar sus vidas, mientras que otros se mantuvieron en la zona para defender el territorio de una comisión de la misma etnia que llegó procedente del departamento de La Guajira con el propósito de “ejercer presión”.

Al parecer, el conflicto nació porque Arregocés Conchacala, cabildo kogui-malayo-arhuaco, envió a una comitiva para reasumir el liderazgo en el departamento de Magdalena, haciendo desaparecer la organización independiente en la que Atanasio Moscote Gil figura como gobernador ante el Ministerio de Interior.

¿POR QUÉ EXISTE ESTE CONFLICTO?

Según expertos, la división de las comunidades nació porque el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas, CTC, está politizado y además, es evidente la clara parcialización del Gobierno y especialmente del Ministerio del Interior. 

Atanacio Moscote, gobernador del pueblo Kogui del Magdalena, dijo que la actual situación había superado al Ministerio del Interior, porque esta autoridad hacía parte de las causas del problema, por tanto hacía un llamado urgente a los representantes de las Naciones Unidas, y a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para que establezcan mecanismos transparentes para superar la crisis.

POR: REDACCIÓN/EL PILÓN