Luego de un debate que superó las seis horas, casi a las 11:00 de la noche del martes, los concejales de Valledupar votaron a favor para que el alcalde del municipio, Mello Castro, entregara a título gratuito a Fonvisocial el predio conocido como antiguo lote de Idema. 

Aunque se impuso la mayoría (14 votos positivos, contra 4 negativos), en el ambiente quedaron algunas dudas, no tanto sobre la autorización, sino sobre el proyecto que se realizaría en el lote. Incluso, durante las casi seis horas de debate, la discusión se centró en lo que se construiría en los metros cedidos. 

El área o porción que se autorizó transferir a Fonvisocial es de 81.122 metros cuadrados, ubicada en la carrera séptima, con calle 36, en la comuna 2, y está dividida en varios lotes. Según se pudo establecer  en la discusión, en una parte de lo cedido se construirá la Villa Olímpica, la cual albergaría a los deportistas que lleguen a Valledupar durante los Juegos Bolivarianos 2022.

Las primeras cifras hablan de 900 apartamentos que una vez terminados los juegos, serían comercializados como vivienda de interés social, VIS. En ese punto se centró uno de los debates.

En representación del gremio de constructores, el director de Camacol-Cesar, Hernán Felipe Araujo, cuestionó la estructura del proyecto. “El año pasado se vendieron 1.783 viviendas, 1.268 de esas fueron viviendas de interés social. Ese es un proyecto de 900 VIS, le pellizcarían al mercado el 75 %. Concentrarán las ventas. Con los proyectos activos, el sector de la construcción de Valledupar genera 2.900 empleos directos y alrededor de 5.100 empleados indirectos. Si realizan un proyecto que frena la actividad de la construcción, aumentaría 4 puntos más el  desempleo en la ciudad”, señaló Araujo. 

Según el líder gremial con las actuales condiciones, la competencia sería desleal. ¿Por qué? En un proyecto normal de viviendas de interés social las personas pueden acceder a subsidios como  Mi Casa Ya, que alcanzan a financiar hasta el 20 % de la vivienda, sin embargo, en este proyecto la administración, asegura el líder gremial, aportaría un 11 % más al subsidio de la vivienda, financiando el 31 % de su valor. 

“Si una casa cuesta $100 millones, y en un proyecto el subsidio es de $20 millones, pero en otro financian el 31 %, o sea $31 millones, obviamente elegirán este último. Nosotros no nos oponemos a que se construyan viviendas para todos, lo llevamos haciendo desde hace años, pero no se puede quebrar a un sector como la construcción, que aporta al crecimiento de la ciudad, por la competencia desleal”, agregó.

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En contravía al director de Camacol, el secretario General de Valledupar, Andrés Felipe Maestre,  señaló que no se puede “priorizar el interés privado”. “Nosotros no podemos poner un interés particular por encima de un interés general. No es lo mismo que un constructor tenga unas casas que se están vendiendo a $250 o $300 millones a unas VIS que cuesten $84 o $100 millones”, aseguró Maestre.

 Sobre la crisis que podría generar este proyecto en los constructores locales, el funcionario señaló que “no es una obligación contratar con los coterráneos”. “Nosotros no podemos hacer prevalecer el punto de vista privado cuando hay una necesidad social expuesta. Eso no amerita discusión, ni muchos números, ni cuántos apartamentos dejaron de vender”, agregó.

Pero, ¿por qué no podrían participar los constructores locales? Según se rumora y dijo en el debate, el encargado de ejecutar la obra sería una constructora reconocida a nivel nacional con el capital suficiente para construir 900 apartamentos y cubrir obligaciones como los créditos y los seguros. Al parecer, ese contratista podría ofrecer los tres servicios. 

Y es que la condición de entregar la obra en un año, para los Juegos Bolivarianos 2022, superaría la capacidad y las condiciones de los constructores locales, según el líder gremial. “Cuando un constructor pone el primer ladrillo es porque ha vendido el 50 % en preventa. Hacer 900 apartamentos implica empezar a construir ya, porque si los juegos empiezan en 2022, levantar esas torres no demora menos de un año.  ¿En un año cuántos apartamentos se venden? En el último año se vendieron 377 en Valledupar. Suponiendo que se den las mismas ventas del año pasado, se venderían 377, esto significaría que el día que esté listo el proyecto habrá más de 500 apartamentos por vender, desocupados, mientras el crédito constructor con el que se financió el proyecto empieza a generar intereses, y cada mes que se demore sin vender solo pagará intereses”, agregó Araujo.

 OTRAS DISCUSIONES

De los 18 concejales habilitados para votar, 4 votaron negativos: Marian Muvdi, Jorge Pana, Jorge Luis Pérez y Guido Castilla. Dentro de las razones expuestas, señalaron que en este segundo debate se modificó el proyecto que se había presentado anteriormente.

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 “Está en juego uno de los activos más atractivos que tiene el municipio de Valledupar. El proyecto ha sufrido una metamorfosis. El proyecto por arte de magia simplemente dice que nosotros entregaremos el predio a Fonvisocial, y ellos verán qué hacen”, cuestionó Guido Castilla.

Según los concejales opositores, en lo inicialmente presentado se hablaba de la construcción de una Villa Olímpica, lo cual requería mayores requisitos, sin embargo, modificaron para que solo “se autorizara el traslado a Fonvisocial”. 

En ese sentido, el ponente del acuerdo, el concejal Luis Arzuaga, aseguró: “La administración municipal no nos está pidiendo autorización para construir o ceder a un constructor el bien inmueble. La administración municipal nos está pidiendo autorización para transferirlo a Fonvisocial, que de manera autónoma determinará qué obras se llevarán a cabo si así lo deciden”. Posición similar a la del concejal Wilber Hinojosa: “Se habla que más adelante vendrán proyectos estratégicos,  eso no nos consta porque nuestra competencia es revisar que estén todos los soportes legales para autorizar al alcalde”. 

Sobre esa discusión, la gerente de Fonvisocial, Lilibeth Ramírez, señaló que se han venido desarrollando mesas de trabajo con asesores. Además detalló lo que se tiene proyectado: “Desarrollar en estas áreas cedidas unidades de viviendas que ayuden a la disminución del déficit habitacional de la ciudad y a la reactivación económica, familias con ingresos de  2 a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes que anteriormente no han sido tenidas en cuenta en los procesos o proyectos habitacionales de este tipo, sin olvidarnos de las familias con ingresos menores que también tienen la necesidad de una vivienda digna”.

Otro de los cuestionamientos fue la disponibilidad de los servicios públicos, pues significaría un aumento sustancial de la demanda. Según la gerente,  existen unas certificaciones de disponibilidad expedidas por Emdupar, Afinia y Aseo del Norte. 

Por último, los concejales señalaron que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, señala que este es un predio en el que el uso de vivienda de interés social es complementario, no el principal. “En el proyecto de acuerdo inicial nos damos cuenta que la administración pretende que el Concejo  autorice transferir el bien inmueble para construir viviendas de interés social. En ese predio, la vivienda de interés social tiene un fin complementario y no principal, por eso creo que se vulnera el Plan de Ordenamiento Territorial”, señaló el concejal Jorge Luis Peralta.

 Sobre ese punto, el concejal Wilber Hinojosa afirmó que esto no restringe la construcción de viviendas. “Hablaban que el uso de suelo está reglado en el POT, en este caso el uso principal es comercial, pero no prohíbe el uso residencial. La vivienda habitacional no está restringida”.