Con la cercanía de las elecciones del próximo 27 de octubre, a los diputados del Cesar, todos ellos en campaña, unos para reelegirse a ese cargo y otros que aspirarán a las alcaldías de sus municipios de origen, se les empieza a poner la situación color de hormiga.

La razón de ello es que, por un lado, la Fiscalía Quinta Seccional citó audiencia a siete de los 11 corporados por el delito de prevaricato por acción, por haber dejado sin voto al entonces diputado Julio César Casadiegos.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando Casadiegos fue sancionado en primera instancia por el partido Cambio Radical, al cual pertenecía, y aunque la decisión no estaba en firme, en una sesión en la que debían votar unas proposiciones le negaron el derecho al voto.

El silenciado denunció el hecho y hoy la Fiscalía citó para el próximo 11 de junio a siete de los corporados, entre ellos, a José Santos Castros, quien era el presidente de la Asamblea para esa época y que hoy tiene aspiraciones a la Alcaldía de Valledupar.

EN LA PROCURADURÍA

La otra situación desempolvada tiene que ver con las faltas a las sesiones por parte de los diputados, por lo que la Procuraduría ordenó abrirles investigación a los actuales, además de varios del periodo pasado, entre ellos, Eduardo Esquivel (hoy alcalde de Chiriguaná), Zulema Correa, Carlos Rocha, Fredy Gámez y Luz Helena Salazar.

En la decisión, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas a fin de establecer si fallaron o no a las sesiones.

Entre las pruebas que tiene el Ministerio Público está una certificación allegada por la Secretaría de la Asamblea, en donde están supuestas ausencias sin excusa o justificación, siendo diputados como Omar Benjumea, Carlos Rocha, entre otros, los que más fallas tienen en las sesiones de 2014 a 2017.

El caso de las ausencias se revive justo ahora, cuando la Asamblea está dividida, con relaciones que parecen irreconciliables, y en la que varios diputados de la oposición faltaron a varias sesiones extras, lo que no permitió estudiar y aprobar las facultades al gobernador Francisco Ovalle Angarita para contratar y celebrar convenios.

Esta investigación que hoy se desempolva tuvo su origen por una queja del exdiputado Julio César Casadiegos, quien en 2015 denuncio las faltas de sus compañeros.

SANDRA SANTIAGO / EL PILÓN
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