A propósito del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, objeto de discusión en la sala plena de la Corte Constitucional, así como una serie de prerrogativas sociales que se han venido reconociendo por vía jurisprudencial, controvertidas o no, es pertinente preguntarse ¿si las decisiones más importantes del país merecen una discusión amplia y concertada, o por el contrario deben ser tomadas en el seno de una corporación judicial de manera cerrada y minoritaria?

Precisamente este es el objeto de la discusión, de aquello que constitucionalmente se conoce como el dilema contramayoritario, al cual hizo referencia el jurista Stephen Holmes en su obra reconocida como ‘El precompromiso y la paradoja de la democracia’, en donde se reconoce el trabajo preponderante del juez constitucional como aparente garante de la tutela de los derechos fundamentales de las minorías, frente a la posición o decisión de las mayorías poblacionales o parlamentarias, quienes aparentemente se encontrarían legitimadas en la regla de la mayoría.

Pues bien, aunque en algo estoy de acuerdo con el activismo judicial que ha venido acentuadose en el curso de los últimos años, debo afirmar que me preocupa estar ad portas de un gobierno judicial, que amparado en el dogma de la protección de los derechos fundamentales, terminen por desconocer de forma absoluta y continua el ejercicio de la voluntad soberana del ciudadano, quien se reconoce como el constituyente primario.

En ese sentido, más allá de cuestionar la decisión de la Corte sobre la adopción de menores por parejas del mismo, otro tema controvertido es la preservación de la armonía y estabilidad de nuestra arquitectura de Estado, y con ella los principios constitucionales de separación del poder, “Check and Balance” o pesos y contrapesos, y colaboración armónica, que hoy están seriamente amenazados, pues paulatinamente nuestro tribunal constitucional ha venido adquiriendo un poder exorbitante por encima del órgano legislativo y la constitución misma, dando asidero a lo que afirmó el doctor David Landau en su trabajo doctoral “Colombia tiene el Tribunal Constitucional más poderoso del mundo.”

Estamos en un escenario trascendental para el juego de nuestra arquitectura institucional, en donde se está concibiendo de forma peligrosa a la Corte Constitucional como titular del poder constituyente, en un ejercicio excesivo de su competencia de guardián y máximo intérprete de la carta suprema, lo cual devela su nuevo rol en el juego del poder y de consuno afecta el principio democrático y participativo, pues ahora nueve Magistrados están definiendo el rumbo de nuestro Estado; frente a ello, debemos ser más cuidadosos que emocionales, como últimamente lo he venido notando, pues estaríamos convalidando una posible tiranía de los jueces, tras el ropaje de su proactividad ¿Qué sucederá cuando se empiecen a tomar decisiones que afecten a la ciudadanía? ¿Nos iremos a paro?

De cierre… Se avecina el fin de los parqueos gratis o de bajo costo en Valledupar, pues de aprobarse el Plan de Desarrollo tal como lo presentó el gobierno, se autorizaría al alcalde por vía decreto para que pueda crear una contribución por el uso de garajes o zonas de estacionamiento.

Por: Miguel Angel Rocha Cuello