La Ley 1448 de junio de 2011 estableció el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Es decir, esta fecha suma ocho conmemoraciones antes de que se cumplan los 10 años de la vigencia de la también conocida Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En todo este tiempo se ha hecho mucho por las víctimas, pero falta mucho más por hacer; según algunos conocedores del tema, se necesitaría otra década para la adecuada atención y reparación integral a las casi 9 millones de personas que sufrieron de cerca los horrores del conflicto armado en Colombia.

Hoy es un día en el que se realizan diferentes actos de reconocimiento público con el objetivo de recordar y honrar a las víctimas, pero el compromiso más importante en esta fecha debe ser dignificarlas, tanto el Estado como el resto de la ciudadanía, comprometiéndose a no permitir que los comportamientos violentos que les pusieron esa etiqueta de “Víctimas” vuelvan a ocurrir.

No hay duda de que la mejor reparación para las víctimas será la consolidación de paz, que es claro que no borrará las heridas que la violencia dejó, pero sí les permitirá reconstruir sus proyectos de vida y regresar a sus lugares de origen.

En ese sentido hay que señalar que el rótulo de desplazados es el más numeroso entre las víctimas. En departamentos como el Cesar, con más de un millón de habitantes, alrededor de 378 mil personas se han declarado víctimas del desplazamiento.

En los libros de historia se está plasmando como la disputa por la tierra fue ganada por los poderosos terratenientes aliados con los grupos armados, en una escalada que hoy se refleja en la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar con más de 5.400 reclamantes, de los cuales a unos 4.600 se les han tramitado sus solicitudes, permitiendo la restitución de 20.648 hectáreas en el departamento con más desplazados de la región Caribe.

En estos ocho años hemos visto el trabajo nada fácil del Estado con la puesta en funcionamiento de la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otras entidades. Ahora se suman a esa labor otras organizaciones del Estado que surgieron del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, como la JEP, que define su futuro en el Congreso de la República por las objeciones del gobierno Duque; otra importante entidad es la Comisión de la Verdad, un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,  para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

En nuestro departamento, como en el resto del país, la Comisión de la Verdad deberá apuntarle a develar cómo en la disputa por tierras los grupos armados, políticos y económicos incidieron en las masacres, la violencia contra las mujeres y el desplazamiento forzado.

Para finalizar, consideramos que además de la restitución de predios, el apoyo económico y la asesoría para el desarrollo de proyectos productivos, las víctimas necesitan justicia y verdad para un completo proceso de reparación que, más que sanar heridas, dignifique.