El despacho judicial ordenó al fiscal que en un periodo de 15 días entregara los elementos materiales probatorios faltantes.
Para el nueve de julio quedó programada la continuación de la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta en contra de Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido como ‘Marquitos’ Figueroa, investigado por presuntamente orquestar el crimen de Óscar Rodríguez Pomar, cometido el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla.
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Así quedó establecido en la mañana del jueves ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la capital del Atlántico, luego que la diligencia para esos fines se suspendiera porque el abogado defensor, Jefferson Caamaño, alegó que la Fiscalía 21 Especializada no le había terminado el descubrimiento probatorio para presentar todos los elementos ante el juez.
En la diligencia virtual Caamaño manifestó que faltaba que el fiscal Miguel Olaya Cuervo, le entregara los audios de las interceptaciones telefónicas realizadas al polémico ganadero vallenato, José Guillermo Hernández Aponte y la señora Magalys Figueroa, pariente del ‘Marquitos’, y la declaración de un hombre conocido como el ‘Coby’.
Por tal razón, el despacho judicial ordenó al fiscal que en un periodo de 15 días entregara los elementos materiales probatorios faltantes.
Después de la muerte del cuestionado ganadero José Guillermo Hernández Aponte, mejor conocido como el ‘Ñeñe’ Hernández, las autoridades develaron que este supuestamente se dedicaba a suministrar recursos económicos a ‘Marquito’ Figueroa, quien es acusado de haber tenido a su servicio una banda delincuencial.
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Por eso, en el mes de junio de 2019 la Fiscalía en un operativo con la Dijín aplicó la extinción de dominio a ‘Ñeñe’ Hernández, Armando de Jesús Gnecco Vega, alias ‘Mandarino’ y familiares de ‘Marquitos’ Figueroa.
Las diligencias se materializaron en los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cundinamarca y Santander. En total los intervenidos fueron 92 propiedades como apartamentos, haciendas y casas; además de ocho empresas; 18 establecimientos de comercio, entre los que habían varias bombas de gasolina, 96 vehículos y 8.000 cabezas de ganado.
El despacho judicial ordenó al fiscal que en un periodo de 15 días entregara los elementos materiales probatorios faltantes.
Para el nueve de julio quedó programada la continuación de la audiencia preparatoria en el proceso que se adelanta en contra de Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido como ‘Marquitos’ Figueroa, investigado por presuntamente orquestar el crimen de Óscar Rodríguez Pomar, cometido el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla.
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Así quedó establecido en la mañana del jueves ante el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de la capital del Atlántico, luego que la diligencia para esos fines se suspendiera porque el abogado defensor, Jefferson Caamaño, alegó que la Fiscalía 21 Especializada no le había terminado el descubrimiento probatorio para presentar todos los elementos ante el juez.
En la diligencia virtual Caamaño manifestó que faltaba que el fiscal Miguel Olaya Cuervo, le entregara los audios de las interceptaciones telefónicas realizadas al polémico ganadero vallenato, José Guillermo Hernández Aponte y la señora Magalys Figueroa, pariente del ‘Marquitos’, y la declaración de un hombre conocido como el ‘Coby’.
Por tal razón, el despacho judicial ordenó al fiscal que en un periodo de 15 días entregara los elementos materiales probatorios faltantes.
Después de la muerte del cuestionado ganadero José Guillermo Hernández Aponte, mejor conocido como el ‘Ñeñe’ Hernández, las autoridades develaron que este supuestamente se dedicaba a suministrar recursos económicos a ‘Marquito’ Figueroa, quien es acusado de haber tenido a su servicio una banda delincuencial.
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Por eso, en el mes de junio de 2019 la Fiscalía en un operativo con la Dijín aplicó la extinción de dominio a ‘Ñeñe’ Hernández, Armando de Jesús Gnecco Vega, alias ‘Mandarino’ y familiares de ‘Marquitos’ Figueroa.
Las diligencias se materializaron en los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cundinamarca y Santander. En total los intervenidos fueron 92 propiedades como apartamentos, haciendas y casas; además de ocho empresas; 18 establecimientos de comercio, entre los que habían varias bombas de gasolina, 96 vehículos y 8.000 cabezas de ganado.