Luego de una prolongada audiencia que duró más de tres horas, le fue definida la situación jurídica al gerente del hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar, Rubén Sierra Rodríguez en cuya decisión judicial, proferida por la Juez Tercera Penal de Valledupar con funciones de control de garantías, Jasmile Herrera, le dictó medida de aseguramiento preventivo con beneficio domiciliario.

 El galeno había sido conducido hasta las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en cumplimiento de una orden proferida por la Fiscalía Seccional 12 de la Unidad de Delitos contra la administración pública, bajo la sindicación de los delitos de contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, cuya vista pública realizada en el cuarto piso del Palacio de Justicia Valledupar, fue asistida por el abogado José Romero, residente en Santafé de Bogotá, quien esgrimió los argumentos de defensa de su cliente para demostrar su inocencia e impedir que fuera cobijado con la medida de aseguramiento.

Tanto en la sala de audiencia, como en la parte externa donde se desarrolló el proceso contra el funcionario ejecutivo, había mucha expectativa por parte de sus familiares, empleados y funcionarios del mismo centro asistencial, destacados juristas, amigos y curiosos que se acercaron para brindar respaldo y solidaridad al procesado, con respecto a la decisión judicial que se le dictaría a Sierra Rodríguez.

Con la detención domiciliaria con que fue cobijado el funcionario, las autoridades judiciales garantizan que Sierra Rodríguez comparezca las veces que sea requerido durante las diligencias judiciales, mientras avanza la investigación y se llega a la etapa del juicio oral, teniendo como base que él, según las autoridades judiciales, rehusó a ocho citaciones que le hicieron durante la audiencia preliminar en que le irían a imputar los cargos por los supuestos delitos en referencia.

Sierra Rodríguez no se allanó a los cargos formulados e imputados por la Fiscalía.

Los hechos

Según las investigaciones hechas por los órganos estatales, Sierra Rodríguez tiene una investigación por la contratación de un abogado por un valor de 130 millones de pesos, para que asumiera la defensa de un proceso de cobro coactivo contra el centro asistencial, que había ejercido la Alcaldía de Valledupar por el no pago de una deuda por concepto de impuesto predial unificado; toda vez que el centro hospitalario estaba exento del pago de esos tributos, según un proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Valledupar en el año 2002; máxime que con un simple escrito que hubiera enviado a la administración local recordándole que ya existía un acuerdo sobre la exención de ese tributo, se hubieran levantado las medidas cautelares de embargos a las cuentas bancarias del hospital.

El ente investigador aseguró además, que Sierra Rodríguez contrató por el término de dos meses a un abogado externo, para que defendiera los intereses del hospital, toda vez que el centro hospitalario contaba con una oficina jurídica y al parecer contrató un pool de 20 profesionales del derecho.

 Por: Abdel Martínez Pérez

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