La Procuradora Regional del Cesar emitió un fallo en primera instancia donde resuelve sancionar con destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 12 años al profesor Manuel Antonio Villalba Mozo en su condición de docente adscrito a la Secretaría de Educación Departamental del Cesar desde el primero de marzo de 1995 quien se desempeñaba como docente en el colegio Integrado de Montelíbano de El Copey, Cesar, por lograr un ascenso con “una acta de grado (…) cuyo contenido no corresponde a la realidad”.

La diligencia tuvo origen en la remisión de copias de documentos que realizó la Directora Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar, la audiencia de legalización de captura del señor Manuel Antonio Villalba Mozo; respuestas de diferentes instituciones universitarias respecto de los títulos otorgados y noticias periodísticas difundidas por los medios de comunicación.

Por su parte, Manuel Antonio Villalba Mozo insiste que no se siente parte del cartel del escalafón y “Reitera que no tiene nada que ver con el cartel del Escalafón, pues lleva mucho tiempo con este proceso, radicó sus documentos en la administración, hubo un silencio administrativo, nunca le dijeron nada y si no presenta derecho de petición no hubiera sabido que eso estaba en estudio, fueron alrededor de nueve años, esos documentos allí radicados, cuando verifica le piden otro documento”.

Señaló que, “se le vincula al cartel porque en su actuar como sindical, lo que hace como directivo sindical es ayudar a los docentes, docentes de municipios lejanos, como San Alberto, Rio de Oro, para facilitarle las cosas, traerle documentos a la Administración Municipal y que hoy se le señala de entregar documentos inexactos o espurios, pero esa es la función de uno como sindicalista, es esa buscar el bienestar de las bases del Magisterio”.

En audiencia de fecha 13 de septiembre de 2019, el apoderado del investigado Manuel Antonio Villalba Mozo presentó alegatos de conclusión, en los cuales; “Arguye que no se encuentra probado que el investigado participó en la elaboración de ese supuesto título falso, y tampoco la culpa, pues su defendido presentó los documentos para su acenso en el escalafón con la tranquilidad de conciencia que lo hacía dentro de los términos de ley”.

Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.