Por Andrés Llamas Nova
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Varios representantes de víctimas del departamento se reunieron con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Ministerio del Interior y la Gobernación del Cesar, para exponer la situación relacionada con los planes de retorno a las tierras de donde fueron desplazados muchos campesinos.

En el encuentro que inició la mañana de ayer, en el auditorio del Colegio Pablo VI, y terminará hoy, representantes de las víctimas manifestaron ante el Gobierno Nacional y miembros de la ONU, que es necesario obtener garantías en programas como Familias en su Tierra; de la misma forma, recordaron que algunos líderes se encuentran bajo amenaza.

“Hay más de 22 líderes, reclamantes de tierras, amenazados en el Cesar. Lo que veníamos haciendo era buscar la forma de que la gente que tenemos en los barrios subnormales de las ciudades retornara a sus tierras, pero con garantías de seguridad”, dijo José Luis Peralta, vocero de la Mesa Departamental de Víctimas.

Peralta afirmó que desde el año 2011, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, y su programa Familias en su Tierra, ha motivado a las comunidades para restaurar la producción en el campo, pero no ha cumplido con todo lo pactado.

“No se han cumplido en su totalidad todas las cosas ofrecidas, no se han cumplido en un 80% los compromisos”, afirmó Peralta, quien también mencionó las dificultades que viven campesinos retornados  a Pueblo Bello con 117 predios, de los cuales no tienen título; la legalidad que solicitan les permitiría acceder a créditos en estas zonas de reserva.

La Gobernación del Cesar, a través del Asesor de Paz, Wilfred Torres, aseguró que la intención de este taller es la formulación de planes de prevención y protección de las comunidades en condición de retorno. “La construcción de este plan de retorno obedece a lo que está enmarcado en la ley 1448 y por supuesto prevenir hechos que se conviertan en factores de repetición”, dijo.

Miguel Antonio Ricardo Serna, representante de la comunidad de El Toco, municipio de San Diego, con la posibilidad de acceder dentro de poco a la restitución de tierras para 80 familias, manifestó que, “la seguridad no es solamente para el líder, sino también para la comunidad que retorna”.