En un operativo conjunto realizado por la Policía Nacional y Aduanera, Polfa, la Fiscalía General de la Nación y la Dian, fue desmantelada en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja una red criminal conocida como ‘Cartel de la evasión del Iva’, encargada de defraudar al Estado por más de $2,3 billones, mediante la falsificación de facturas y creación de empresas fantasmas.

En el hecho fueron capturadas ocho personas, entre ellas Olga Lucía Díaz Guzmán, alias ‘La Patrona’, señalada de ser la cabecilla de la banda que según las autoridades, venía estafando al fisco durante al menos 12 años, expidiendo facturas ficticias para alcaldías, empresas, abogados, cajas de compensación, almacenes de cadena y entidades bancarias, entre otras.

“Sin duda, este caso es el ‘Panama Papers’ colombiano”, explicó el general Juan Carlos Buitrago, jefe de la Polfa.

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Según las autoridades, ‘La Patrona’ y sus cómplices constituyeron 15 empresas falsas que facturaban desde artículos de ferretería, hasta asesorías contables, pasando por alquiler de equipos, servicios de ingeniería y actividades de consultoría y de archivo.

Entre las empresas fantasma figuran Comercializadora Díaz SAS, Fedeléctricos Remad, Comercializadora Mundial GD, Distribuidora de Hierros y Mallas, Comercializadora Sismmets SAS., depósitos y Ferretería Dandy SAS, Depósitos Diamhierros, Importadora de autopartes Carguz SAS, Fuguacero y Láminas, Soluciones eléctricas, Gal Plast SAS., e Inversiones y Comercializadora J.E. SAS.

Estas compañías aparecen facturándoles cientos de millones de pesos al año a reputadas empresas del país, que pagaban por la trampa fiscal el 21 por ciento del monto total.

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La prueba del ilícito fue encontrada en una megabodega en el barrio Ricaurte, en Bogotá, donde Díaz Guzmán guardaba copia de las facturas falsas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas de entre 8 y 18 años de prisión.