Alrededor de 25 líderes reclamantes de restitución de tierras del departamento del Cesar reunidos en un encuentro organizado  en Valledupar por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, señalaron serias preocupaciones sobre el proceso de restitución de tierras  en esta zona de país y  expresaron su desconfianza por la falta de garantías para el retorno a sus tierras. Así mismo, cuestionan una serie de contradicciones entre el espíritu de la Ley de víctimas  y las decisiones  del Gobierno Nacional.
En una declaración denominada “La restitución de tierras en el Cesar: entre la esperanza y la frustración, reclamantes pertenecientes a los predios de Bellacruz (La Gloria, Pelaya y Tamalameque), El Prado y Mechoacán (corregimiento de Boquerón en la Jagua de Ibirico), El Toco (corregimiento de Los Brasiles en San Diego), Santafé y Manantiales (corregimiento de Estados Unidos en Becerril), La Concordia (corregimiento de Casacará en Agustín Codazzi), San Miguel y Entre Ríos (El Copey), El Limón (corregimiento de La Mesa- Azúcarbuena en Valledupar), La Libertad (corregimiento de La Mata  en La Gloria) y Villa Oliva (San Martin) hacen un balance del estado actual en que se encuentra el proceso de restitución de tierras.

De la esperanza  a la frustración
Dentro del recuento que hacen del proceso, líderes y lideresas  reclamantes advierten que  da la impresión que  los diez años  de vigencia de la Ley de víctimas y restitución de tierras, no serán suficientes para atender todas las solicitudes, debido a la lentitud con que se desarrolla dicha gestión  desde la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras. “Las expectativas iniciales progresivamente han venido mutando  en frustración”, dicen.
Ven con escepticismo el hecho de que el proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural, el cual sería un complemento de la Ley de víctimas y restitución de tierras, en todo lo que tiene que ver con la democratización de la propiedad de la tierra, por un lado no ha sido debidamente socializada y por otro, argumentan que contiene elementos que le apuntan al fortalecimiento agroindustrial, lo  que erosiona las bases de la  economía campesina, poniendo  en riesgo la seguridad alimentaria tanto de los campesinos como de los pobladores urbanos.

Las contradicciones
Así mismo, manifiestan que se evidencian una serie de contradicciones entre las promesas hechas por el Gobierno Nacional  no solo de restitución de tierras, sino  también de retorno y los privilegios que existen con la locomotora minero-energética que se puede observar en el Plan Nacional de Desarrollo: 2010-2014 “Prosperidad para todos”.
“En ese sentido y teniendo en cuenta que hoy por hoy una significativa parte del territorio del departamento del Cesar se encuentra con títulos, concesiones o solicitudes mineras, incluso sobre áreas protegidas y resguardos indígenas, dejando ciertamente muy poco espacio para las actividades agropecuarias y para el desarrollo de la economía campesina, es legítimo preguntar hasta dónde será posible la restitución de tierras cuando buena parte de ellas está en manos o lo va a estar en el inmediato futuro de las transnacionales mineras”, afirman.
 
Descoordinación  y dispersión
Manifiestan que  las instituciones gubernamentales luego de un año de la entrada en vigencia de la ley no han sido capaces de formular de manera conjunta un plan de acción que permita atender de manera oportuna y pertinente los casos que lo requieren. “Se observa una gran descoordinación y dispersión en la intervención institucional”, sostienen.
“Es preocupante por ejemplo, que la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral se haya mantenido al margen de los procesos de diálogo y concertación que el INCODER  ha adelantado respecto de los casos de El Prado y Bellacruz a propósito de sentencias judiciales que ordenan respectivamente adelantar procesos de restitución  o de indemnización y de clarificación de los límites de los predios baldíos usurpados por particulares”.

Las amenazas
Por último, dejan constancia de las constantes amenazas de las que han sido objeto durante el presente año 28 reclamantes de tierras, quienes han sido intimidados con sufragios, llamadas telefónicas, correos electrónicos, recado de terceras personas, rumores, panfletos y hombres desconocidos merodeando  por los lugares que frecuentan.
“La administración del miedo y la vigilancia sutil ocupan un lugar central dirigido a configurar una atmosfera adversa a las demandas de restitución enarboladas por líderes y lideresas”, afirman.
Advierten además  que la capacidad de respuesta de las instituciones frente a los casos de amenazas es lenta y el estudio de riesgo es tan prolongado que cuando se concreta,  ya han ocurrido  nuevos hechos amenazantes.