Cerca de 30 familias, entre esas pertenecientes al cabildo indígena Chiskuinya de la etnia Kankuama, fueron desalojadas mediante un operativo de las autoridades que dejó como resultado varios heridos y una alteración del orden público en el corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Valledupar.

La intervención se materializó ayer, en la zona conocida como ‘Tunalito’, donde se encontraban de manera informal asentadas las familias.

Gonzalo Arzuza, secretario de Gobierno Municipal, comunicó que esto se desarrolló en el marco de la legalidad, con base a una petición del propietario del terreno.

“A la administración municipal le atañe garantizar el derecho que tienen las personas sobre la propiedad privada, ahí había un desalojo programado hace varios días, porque hay unas personas que están ocupando de manera irregular la propiedad privada y este propietario viene reclamando sus derechos, por lo que el Municipio a través del inspector tiene que hacer el respectivo procedimiento de recuperación del terreno”, dijo.

Sin embargo, los moradores denunciaron atropellos en la diligencia, porque algunos habitantes resultaron lesionados, presuntamente por los mecanismos que utilizó la Fuerza Pública para controlar las manifestaciones.

LOS HERIDOS

Entre los heridos están Jesús Arias Hernández y Gilberto Jiménez Arias, quienes fueron llevados a distintos centros asistenciales de Valledupar: el primero a la clínica Santa Isabel con una lesión en el rostro y el segundo al hospital Rosario Pumarejo con una herida en el cuello.

“Para mí esto no era una invasión, porque era un territorio comunal. Tengo un hermano herido que no estaba metido ahí porque quería, sino porque somos desplazados de la violencia. El gobierno nunca nos ha ayudado en nada e incluso voy a colocar la denuncia donde pueda”, manifestó Hamilton Arias, habitante del corregimiento.

Agregó que los afectados comenzaron a recuperar sus objetos de las viviendas, porque muchas presuntamente fueron quemadas por las autoridades.

“Con ellos se había socializado el tema de que tenían que entender que el predio no es de ellos, querían hacer valer una comisión de mayorías étnicas, pero es un predio privado y hay que respetar”, puntualizó el secretario de gobierno municipal, Gonzalo Arzuza.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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