Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por el incumplimiento de las medidas cautelares que profirió la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre el cementerio de los pobres de ese municipio del departamento del Cesar. 

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La denuncia la interpuso el exsenador y aspirante a la Gobernación del Cesar, Antonio Sanguino Páez, por los delitos de prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial o administrativa de policía y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Como sustento el exsenador reseñó las medidas cautelares proferidas por la JEP desde el 23 de abril del 2020 y que el mandatario incumplió. 

La justicia transicional con las medidas pretendía que la administración municipal hiciera el traslado de algunos cuerpos del cementerio de los pobres al cementerio católico que no se cumplió. 

Así las cosas, el exsenador consideró que el alcalde incurrió en varios delitos con su posición. 

“El comportamiento del alcalde no solo desconoce su obligación como funcionario público de cumplir con las órdenes dadas por un operador judicial; sino que vulnera los derechos de las víctimas y expone la vida y dignidad de estas y de los magistrados de la JEP”, reza la denuncia. 

Para sustentarlo el denunciante sacó a relucir el audio que se filtró del mandatario cuando estuvo detenido por cinco días en las instalaciones del Departamento de Policía Cesar. 

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En este el alcalde habría denigrado en contra de los magistrados y los restos de las posibles víctimas del conflicto armado. No obstante, negó que su voz fuera la del audio. 

En consecuencia, el exsenador consideró que la conducta del alcalde ha sido un impedimento para continuar con el proceso de la JEP en el cementerio, incurriendo así en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

“Se advierte que pudo incurrir en este tipo penal, por cuanto en reiteradas oportunidades la JEP ha solicitado el traslado de los cuerpos de las víctimas del conflicto (quien solo puede ser autorizado por él como primera autoridad judicial) que le fueron solicitados en reiteradas oportunidades, no ha hecho nada y se niega a dar cumplimiento a la orden deprecada (sic)”, agregó la denuncia. 

No obstante, ya la JEP había proferido una compulsa de copias a la Fiscalía para que iniciara una investigación.