La humanidad nació bajo regímenes de fuerza, las primeras formas de gobierno fueron clasistas: Persia, Egipto, Babilonia, Acad (aquí, Sargón I creó el primer imperio) y otras más, y en todas se insistía en que el poder viene de Dios. Roma fue monarquía, república e imperio. En la edad media la forma de gobierno eran las monarquías, clasistas y hereditarias, con poderes absolutos, incluso sobre la vida de los ciudadanos; por eso Luis XIV decía: “El Estado soy yo”.

A mediados del siglo XVIII, Montesquieu, desarrollando las ideas de John Locke, planteó el concepto de los tres poderes necesarios para la dirección sociológica, política y militar de un Estado de derechos, con independencia y autonomía, en búsqueda del equilibrio, tesis que llamaron democracia, insinuando que es el gobierno del pueblo, acorde con su significado etimológico.

Casi tres siglos después, la democracia no ha alcanzado la perfectibilidad deseada; en muchas partes de Europa aún está vigente la institución de “la corona” como en España, Reino Unido y otras naciones, vigencias anacrónicas y perniciosas. En las colonias hispanas de América, el concepto de democracia nació restringido, acomodaticio y hereditario de la Colonia. En el caso particular de Colombia, desde entonces, doce familias se han mantenido en el poder, fingiendo alternancia partidista, en una aparente democracia.

Con la Constituyente de 1991 se crearon unas figuras que le dieron vida a la independencia de los poderes que, pese a ciertas fisuras, todo funcionaba aparentemente bien, hasta que en 2004 con la Yidis política y por falta de autonomía del Congreso se logró la reelección presidencial alterando el equilibrio institucional con base en la “mermelada” de las notarías, sin la cual la gobernabilidad no es posible porque en el Congreso, en general, no hay legisladores sino mercenarios; con esta jugadita el régimen presidencialista se fortaleció abriéndole las puertas a una dictadura sin estado de sitio.

Ahora los presidentes domeñan al Congreso, ponen fiscales, contralores, procuradores y defensores del pueblo de bolsillo; también dominan el poder electoral a través de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral y presionan a las Cortes; además, arbitran el presupuesto de la Nación como suyo; no quieren vigilancia ni reclamaciones, ni siquiera por las redes. El gobierno central también es el mayor empleador del país con más de 1.1 millones de puestos; nada se mueve sin la venia del presidente de la República. Inconformes, aún, los presidentes se toman las altas cortes y, aunque los magistrados deberían fallar en derecho, también tienen su corazoncito ideológico; por eso, cada gobierno trata de ternar para la Corte Constitucional y otros organismos, personas cercanas a su redil ideológico. De hecho, algunos resultan proclives y otros, adversarios del gobierno de turno. Esto no es democracia, los poderes deben funcionar sin ningún tipo de injerencias. Se requiere una profunda reforma institucional, no como la quiere el partido de gobierno, el CD, para una coyuntura, sino con mayor calado y responsabilidad patriótica.