Por Jorge Eduardo Avila

Colombia está patas arriba. En un principio pensé que acostumbrarnos a ser gobernados por la izquierda sería un ejercicio difícil pero ahora lo veo imposible. Todo está al revés. Y ahora, para completar, los delincuentes son autoridades administrativas. 

La idea de liberar a los miembros de la primera línea es escandalosa pero aún peor, elevarlos al grado de gestores de paz. ¿Cómo van a serlo si son delincuentes? Está claro que las actividades que estos personajes desarrollaron influyeron en las elecciones presidenciales pero pagarles el favorcito de esta manera es descarado, este gobierno del cambio no siente vergüenza. 

El país entero, e inclusive la comunidad internacional, fueron testigos de cómo estos facinerosos secuestraron, torturaron y afectaron la vida de cientos de miles de personas durante varios días. La infraestructura de Transmilenio junto con los monumentos históricos de las principales ciudades, fueron el foco de los disturbios que esta juventud desubicada, iletrada y vaga, desplegó. En el caso de la estación de Molinos, al sur de Bogotá, los próximos gestores de paz se dedicaron a montar cambuches y ollas de vicio, ante la mirada de los caminantes que en medio de la frustración y el conformismo se vieron afectados por dichos delincuentes. Y esos, esos mismos viciosos, serán gestores de paz. ¡Los pájaros tirándole a las escopetas!

La procuradora Margarita Cabello, el Fiscal General Francisco Barbosa, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, las Cortes y muchos jueces, le han dicho de frente al señor Petro que su propuesta es abiertamente ilegal. Sin embargo, este gobierno se hace el de los oídos sordos y continúa con el proceso. Lo curioso aquí, es que la decisión de quiénes serán gestores de paz, depende de otros delincuentes. Serán algunos ministros y otros funcionarios del gobierno los encargados, a partir de su criterio, de evaluar las hojas de vida de quienes atentaron hace varios meses contra la institucionalidad y ahora, como por arte de magia, tendrán en sus manos la implementación de la política denominada de la paz total. Aquí lo único que es total, es el descaro de este gobierno.

Después de la campaña presidencial más sucia en la historia republicana de Colombia, de muchos videos y audios que demuestran esta afirmación, llegaron a gobernar usando el mismo modus operandi. Han hecho lo que se les da la gana, actúan ilegalmente y no pasa nada. 

Qué bueno que Petro y sus bandidos miren lo sucedido en Perú, donde el Socialismo del Siglo XXI vio caer a uno de sus alfiles, Pedro Castillo, o cómo el no abrumador a la propuesta de nueva constitución en Chile dejó al señor Boric neutralizado. ¿O alguien volvió a escuchar algo de él? Por supuesto que no. La cosa se le volteó a Petro cuando, aconsejando a Castillo para que le solicitara medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -organismo judicial adscrito a la OEA-, entidad que en el pasado le ha permitido al guerrillero expiar sus culpas, recibió una cachetada en la cara cuando la Corte oficialmente le dijo que era improcedente porque Castillo había tratado de romper el orden constitucional y democrático en el Perú. Le fallaron los cálculos. Esa cobija no alcanzó a taparlos a ambos, bien por la CIDH.

Mientras tanto en Colombia nos suben los impuestos, las masacres siguen disparadas -a propósito, ¿dónde está el Human Rights Watch de Juanita Goebertus?-, personajes con prontuarios siguen siendo nombrados como funcionarios del gobierno y Petro sigue faltando a las citas que como Presidente debería atender. El caos es total, da vergüenza ver cómo ahora sí puede afirmarse que nos convertimos en una república bananera. ¡Sabroso!

No sorprende que el libretista Bolívar y Katherine Miranda, entre muchos otros miembros de la coalición llamada Pacto Histórico, se quejen y arrepientan de hacer parte de este circo. Las elecciones regionales deberán ser un termómetro despiadado de lo que ha sucedido en sólo 17 semanas de este desvergonzado gobierno. Y lo que nos falta…