En varias columnas durante los últimos meses hemos hecho referencia a ese adefesio denominado “Fast Track” que se inventaron durante el gobierno Santos para afianzar el mal llamado proceso de paz y que de otra manera no se habría firmado.

Siento todavía vergüenza profunda al recordar cómo los alfiles de impunidad de las FARC, apoyados por una comunidad internacional irresponsable y desconectada de la historia y realidad colombianas, fueron artífices de esta figura reprochable que desconoció por completo el estado de derecho. 

Durante varios años, con mis estudiantes de diferentes colegios y de la Universidad del Rosario, estudiamos a profundidad tanto el proceso de aprobación de las leyes en Colombia, como de los actos legislativos, medios que según nuestra carta magna son los legales para llevar a cabo reformas a la Constitución.

Recuerdo con gran afecto y emoción mis clases de derecho constitucional con el doctor Guillermo Salah Zuleta, una autoridad inigualable en estas materias. Fueron varios los semestres que nos tomaron en la facultad de jurisprudencia para conocer hasta los más mínimos detalles de un arte que, relacionado con la creación de leyes y actualizaciones a la Constitución, merece respetarse. Pues bien, hoy como abogado, pero también como ciudadano, quiero sentar mi voz de protesta por el engendro del “Fast Track”. 

Me cuesta entender que colegas míos, que también le dedicaron años al estudio y comprensión de estos temas, le resten importancia a las maneras constitucionalmente válidas para reformar la carta y crear nuevas leyes y, subestimando la gravedad de procedimientos ilegales como el referido, apoyen la no observancia de la normatividad vigente.

Si bien la Corte Constitucional en su momento estudió el “Fast Track” que sentenció la suerte del país y lo declaró exequible, sus argumentos a la luz de la Constitución del 91 -que entre otras cosas Petro no ayudó a redactar ya que no fue Constituyente- no pueden haber sido más erráticos y simples: esa estirpe de magistrados, de pobre abolengo intelectual y de izquierda, mostraron o su desconocimiento de las normas impuestas por el constituyente del 91 o se dejaron llevar por sus pretensiones personales o por el miedo a ser tachados, como lo hemos sido muchos, como enemigos de la paz.

Ahora, como en un déjà vu maldito, al oir una y otra vez las palabras del nefasto Roy, revive mi desasosiego al ver que de nuevo se planea pisotear la institucionalidad del país, su historia republicana, al retomar el “Fast Track” como el medio para agilizar los cambios que el gobierno del guerrillero espera adelantar. 

Esto no se trata sólo de reducir los tiempos para aprobar leyes o reformas constitucionales. También se trata de reducir los filtros que el bicameralismo permite aplicar para identificar propuestas que no favorecen a los colombianos, como las de la falsa paz. 

Los derechos de la oposición y de la ciudadanía en general, que pueden hacer públicos sus desacuerdos con los proyectos de ley y de acto legislativo, se ven afectados íntegramente, desaparecen por completo. Esto, al igual que lo sucedido con el proceso de La Habana, el mismo que valió el desprestigio de los Nóbel de Paz, deja sin legitimidad los cambios que en materia legal y constitucional se esperan. Esto es grave, gravísimo. Los debates que se deben adelantar en las comisiones permanentes constitucionales, en las plenarias de Senado y Cámara y en las comisiones accidentales -cuando se amerita acudir a esta figura- son esenciales para desarrollar y fortalecer la democracia. Cualquier intento por hacerles el quite menoscaba la estabilidad del estado de derecho.

Lo hemos dicho desde el mismo 19 de junio: haremos oposición al gobierno entrante, a ese que eligió media Colombia y representaremos a esa media nación que no comparte ni el “todo vale” ni el que “se corra la línea ética”, la que defiende a capa y espada la Constitución de 1991, aquella Colombia urbana que espera elegir un nuevo presidente a finales de mayo de 2026. Haremos lo que sea necesario para defender ese derecho. ¡Así sea!