Para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el Gobierno Nacional implementó una estrategia que es un nuevo sistema de alertas tempranas y acciones de protección.

Con este plan, el gobierno pretende reducir el número de asesinatos de líderes sociales que durante 2017 alcanzó una cifra de 70 muertos.

En apoyo a esa directriz, establecida en el Decreto 2124 de 18 de diciembre de 2017, “por el cual se reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un documento en la que advierte a municipios como Curumaní, Chimichagua, Pailitas y Pelaya en el Cesar.

“Con ocasión de la expansión territorial del Epl más allá de su triángulo histórico en el Catatumbo realizado a partir del desdoblamiento del frente Libardo Mora Toro en otra estructura, al parecer el frente Elisenio Torres Villalba, con la finalidad de hacer presencia en esta región de la serranía de Perijá”, indica la entidad del Ministerio Público.

Este sistema de alertas tempranos está armonizado y sincronizado con el plan Orus de la fuerza pública que tiene a 80.000 hombres de las fuerzas armadas, entre militares y policías, en las regiones para frenar las pretensiones de bandas delincuenciales y grupos organizados del narcotráfico que pretenden ocupar los espacios que dejaron las Farc. Además que van a trabajar en regiones de alto riesgo como Nariño, Chocó, Norte de Santander y Antioquia. De igual manera irá acompañada de un sistema de reacción inmediata de las autoridades locales y regionales con la acción de la fuerza pública.

Por Carlos Mario Jiménez
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