La Defensoría del Pueblo se une al cese de actividades y decide entrar a participar activamente en las movilizaciones sociales que se llevan a cabo en estos días en el país.

A través de un comunicado los funcionarios  de este organismo han respaldado las razones por las que toman esta decisión.

Indicando como primera medida que a la Defensoría del Pueblo le ha faltado contundencia en el cumplimiento de sus funciones misionales cómo quedó en evidencia en las recientes jornadas de movilización y protesta de las comunidades del Pacífico, dónde su voz frente a los excesos y abusos de la fuerza pública no se escuchó y dónde su rol mediador fue periférico. Esta misma situación se ha advertido en la debilidad que ha demostrado la entidad para controvertir el relato oficial que sostiene que actualmente no existe el fenómeno del paramilitarismo y no hay sistematicidad en la seguidilla de homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos y lideresas y líderes sociales que se han escenificado en los últimos meses.

En cuanto al presupuesto, afirman que lo que el Gobierno nacional le ha asignado a la Defensoría del Pueblo es insuficiente, lo cual ha entrado a incidir negativamente en el cumplimiento de sus objetivos, muchos de ellos misionales. Si, por ejemplo, las funcionarias y funcionarios de la entidad antes podían ser hallados en los más recónditos y apartados rincones del país realizando acciones de defensa y salvaguarda de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables y que están en riesgo, actualmente por éste déficit presupuestal  las comisiones han sido recortadas notablemente y la posibilidad de una intervención más directa y sostenida se ha restringido.

Las condiciones laborales de los funcionarios  y de la entidad son sumamente precarias y cada día se agudizan más sin que se avizore en el mediano plazo, una solución estructural y de fondo. Además del hacinamiento en que se trabaja, la inexistencia de aires acondicionados suficientes en las sedes ubicadas en climas cálidos, configura ambientes a todas luces tóxicos para el buen desempeño laboral y para que se afecte la salud física y mental de quienes allí prestan sus servicios. Como si lo anterior no fuera suficiente, en buena parte de las sedes regionales, no hay los más mínimos elementos de oficina por lo que hasta el papel escasea, para no hablar de impresoras, computadores y puestos de trabajo que siempre faltan.

En la misiva los funcionarios del organismo afirman que en el actual contexto al que el Gobierno Nacional y las Farc han llegado, en medio de muchas dificultades y tras un largo periodo, a un acuerdo y cuando también se avanza, no sin tropiezos, en la consolidación de una mesa de conversación entre el Gobierno nacional y el ELN, la Defensoría del Pueblo, en la práctica, ha estado muy frágil en su labor de exigibilidad del cumplimiento del Acuerdo y en el acompañamiento a la sociedad civil en sus iniciativas de apoyo a los procesos de paz.

En definitiva, en el seno de la entidad, hay una percepción generalizada en que la Magistratura Moral, columna vertebral que garantiza la eficaz acción de la Defensoría del Pueblo, se ha venido agrietando de manera preocupante, sobre todo porque no se observa un claro deslinde respecto del gobierno que se supone debe vigilar y controlar.