Con una misiva dirigida al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades investigar la amenaza colectiva que sufrieron diferentes actores sociales del departamento del Cesar, mediante un panfleto firmado por las supuestas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Según la entidad, la amenaza sobrevino de la molestia que habría generado un encuentro entre la Red de Embajadores Defensores y la Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar, realizado el pasado 22 de enero en Valledupar y que este medio de comunicación cubrió.

“En el panfleto también se lanzan amenazas contra los funcionarios públicos que han venido acompañando el esfuerzo de las defensoras y defensores de los derechos humanos, y líderes sociales, por configurar un escenario de afinidad, denominado Mesa de Derechos Humanos y Territorial del Cesar”, manifiesta el escrito firmado por el defensor delegado para la prevención de riesgo de violaciones de DDHH y DIH, Mauricio Redondo Valencia.

Las amenazas a las que se hace referencia, están en un documento que el pasado 2 de febrero fue distribuido a diferentes líderes con la presunta autoría de las (AGC), en el lanzan amenazas a 18 defensores de derechos humanos y líderes sociales del departamento.

De acuerdo con fuentes consultadas por la Defensoría, el escrito circuló por los corregimientos de La Mesa, Azúcar Buena y en los barrios de La Nevada, Don Alberto y en las torres de viviendas de interés social del sur de la ciudad.

Al respecto, Marta Rodríguez, líder del Comité de Impulso de la Reparación Colectiva de la Universidad Popular del Cesar y Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, y una de las afectadas confirmó que el documento si llegó a varios ciudadanos a través de diversos medios de difusión.

“Hasta el momento no he tenido un encuentro con las autoridades sobre el tema, pero si nos preocupa teniendo en cuenta que se han presentado agresiones a gestores sociales .Por eso tenemos teníamos una reunión con otros líderes a la que no pude asistir”, informó.

Con el comunicado, la Defensoría del Pueblo espera que el Ministerio del Interior remita el caso a las instancias correspondientes para que se tomen medidas.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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