Al cese de actividades de los maestros en Colombia se unieron varias entidades del sector oficial como la Defensoría del Pueblo, la Rama Judicial, entre otras del Cesar.

El paro denominado como “nacional estatal” se concentra básicamente en los desacuerdos de las centrales obreras con el gobierno de Juan Manuel Santos, que están basados en nivelación salarial, recortes de personal, condiciones de infraestructura en las oficinas, falta de elementos necesarios para ejercer las funciones, fortalecimiento de las carreras administrativas, cumplimiento a la Mesa Nacional de los años 2013 y 2015 relacionados con la ampliación de la planta de personal y otros más puntos.

Los funcionarios de la Defensoría Seccional Cesar se quejan de que las condiciones laborales para desarrollar sus funciones son precarias y con el tiempo corren el riesgo de deteriorarse más.

De igual manera, critican que la sede donde funciona hoy la entidad, es una residencia familiar a la que, hasta ahora, no le han realizado mayores modificaciones dirigidas a habilitar y adecuar sus instalaciones para que cumpla con su función de oficina, en la que diariamente se atiende un flujo significativo de público. Argumentan otras faltas de garantías como “un extremo hacinamiento debido a la aglomeración de funcionarios en reducidos espacios. También denuncian que pese a las reiteradas fumigaciones que se han hecho, los roedores son visitantes frecuentes que constantemente están dejando señales de su presencia. Algunas funcionarias no tienen computadores y mucho menos puestos de trabajo.

A través de un comunicado los funcionarios a nivel nacional de este organismo han respaldado las manifestaciones de otros gremios.

En cuanto al presupuesto general, afirman que lo que el gobierno nacional le ha asignado a la Defensoría del Pueblo es insuficiente, lo cual ha entrado a incidir negativamente en el cumplimiento de sus objetivos, muchos de ellos misionales.

En la Defensoría del Pueblo Seccional Cesar denuncian “un paupérrimo incremento salarial, recorte presupuestal, condiciones de hacinamiento en el nivel central y las sedes regionales y la falta de elementos necesarios para cumplir las funciones”.

Por Carlos Mario Jiménez
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