El paramilitarismo quiso apoderarse de la educación en el Cesar, especialmente de la Universidad Popular del Cesar, UPC, institución en la que el conflicto armado entre 1996 y 2006, sufrió por los flagelos de la violencia.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, hicieron unos “resquicios estratégicos de la arquitectura institucional de la UPC (…) con el fin de tener injerencia en la toma de decisiones administrativas, financieras y académicas”, dice la Defensoría del Pueblo en un documento estructurado para la inclusión de la UPC como Sujeto de Reparación Colectiva por medio de la Unidad de Víctimas.

“El documento lo haremos y luego se remitirá a la Unidad de Víctimas que comprobará si efectivamente es Sujeto de Reparación Colectiva. Estamos haciendo el proceso previo con toma de declaraciones para lo cual se necesita hacer unos proceso de socialización al interior de la universidad. En la reunión de hoy (ayer) socializaremos todo y en una próxima ya las personas seleccionadas por la comunidad universitaria se encargarían de representarla en la toma de declaraciones”, explicó Juan Carlos Gamboa, delegado para la Prevención de Riesgos de Violaciones a Derechos Humanos en el Cesar.

Gamboa dijo que en el Caribe existen antecedentes como el de las universidades del Atlántico y de Córdoba que ya fueron reconocidas como Sujetos de Reparación Colectiva.

Según la Defensoría del Pueblo, “el asalto paramilitar a la UPC comenzó a hacerse patente a mediados de 1996 cuando los estudiantes, docentes y trabajadores más activos y visibles (…) fueron objeto de toda suerte de hostigamientos, persecuciones y amenazas que configuraron una atmósfera de zozobra y temor generalizados que, a la postre, derivaron en el silenciamiento y desactivación de los sectores críticos y disidentes que albergaba la universidad”.

La jornada de toma de declaraciones realizada ayer se cumplió en el auditorio ‘Miguel Vicente Arroyo’, sede Hurtado, y fue la tercera reunión adelantada por la Defensoría del Pueblo desde mayo.

Las universidades del Atlántico y de Córdoba ya fueron reconocidas como Sujetos de Reparación Colectiva.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
[email protected]