En vista de que se acerca el 30 de octubre, fecha estipulada para el cumplimiento de la orden de desalojo de las más de 30.000 personas que viven en las 4 invasiones que convergen en el predio Sabana 1, la dirigencia política del Cesar se reunió en Bogotá con la recién electa, Defensora del Pueblo, Iris Marín, para exponerle la problemática social y jurídica que atraviesa la ciudad de Valledupar con las invasiones. 

De esta reunión se abrió la posibilidad de que Marín visite lo asentamientos humanos de Brisas de La Popa, Los Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, según lo dio a conocer la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quien aseguró que, en la reunión con la defensora, se le manifestó la imposibilidad de llevar a cabo el cumplimiento de la Sentencia T946 de 2011, la cual ordena el desalojo de las familias asentadas.  

“La defensora tomará acciones concretas al tomar posesión del cargo. Se está coordinando su llegada con el alcalde Ernesto Orozco. Queremos que esta visita incluya una inspección directa de los asentamientos afectados”, puntualizó Sanjuán. 

En ese sentido, Orozco manifestó que en un mes la defensora vendría a Valledupar con el propósito de conocer de primera mano las 4 invasiones, y realizar un análisis y evaluación de la situación precaria en la que viven los habitantes de estos asentamientos. 

En esta reunión también estuvo presente la bancada de congresistas del Cesar, quienes desde el Congreso de la República se comprometieron a desempeñar el papel de articuladores con los ministerios y entidades que faciliten el proceso de legalización del predio. 

 MODULACIÓN DEL FALLO  

De acuerdo con Orozco, la defensora del pueblo revisará el caso y una vez posicionada, solicitará a la Corte Constitucional una revisión de la sentencia para que sea posible la modulación de la misma. Lo anterior con la finalidad de que se actualice el fallo teniendo en consideración el número de habitantes asentados.

“Estamos pidiendo cambiar la orden de desalojo por una compra de los predios y sentarnos nuevamente con los propietarios. Buscamos una salida y una nueva negociación con ellos porque desalojar a ese número de personas es como mudar Chiriguaná o La Paz”, dijo el mandatario local. 

Acotó además que en logística se necesitarían 2.000 policías, 800 soldados y la administración municipal no dispone de albergues o complejos habitacionales para las más de 30.000 personas que serían desalojadas. Por lo anterior, el mandatario local también se reunió con el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, para evaluar estrategias legales que permitan la legalización de Sabana 1. 

FINANCIAMIENTO Y COMPRA

La compra del predio a la familia Pimienta ha sido una de las opciones que más ha estado sobre la mesa en las reuniones que han tenido los mandatarios locales con el abogado Evaristo Rafael Rodríguez, representante legal de dicha familia, quien en más de una ocasión ha manifestado a los medios de comunicación que los propietarios están dispuestos a un acuerdo de compra. 

Al respecto, Orozco manifestó que la Alcaldía de Valledupar no cuenta con los recursos para comprar el predio y que por ello se está “tocando las puertas” en los ministerios de Vivienda e Interior para contar con recursos extras que le permitan a la administración la compra.  

“No es solo darle unas escrituras a la gente. Hay que hacer proyectos de urbanismo en los cuatros sectores, vías, colocar los servicios domiciliarios y demás inversiones sociales y de infraestructura que se necesitan para que sean barrios legalmente constituidos, donde las personas vivan en mejores condiciones”, manifestó Orozco. 

Así mismo, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, precisó que con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se articularán acciones para la atención de las familias asentadas en las 4 invasiones. 

Por Namieh Baute Barrios