Por: Gonzalo Arzuza

Es preocupante la situación actual del país en política social y – quien lo creyera-, en su fuerte: la Seguridad Democrática. Los problemas que se han presentado con los decretos de Emergencia Social, dejaron un sinsabor y un malestar en todos los estamentos de la sociedad, que ve como se desmorona la imagen positiva del presidente  Uribe y su gobierno.
Los decretos de Emergencia Social, que venían supuestamente a aliviar la crisis de la salud en Colombia, lo que hizo fue agudizar más esos problemas, incluyéndoles otros componentes que originaron una protesta general. Nunca se había visto que no sólo los usuarios se quejaran por la falta de cobertura de su servicio de salud, ahora, los profesionales de esta rama, los médicos, en su totalidad se unieron como pocas veces, para protestar ante el Gobierno nacional por la expedición de esos decretos.
Los mencionados decretos van en contra de todo orden de igualdad y equidad en la prestación del servicio de salud publica implantado por la Ley 100 del 93. Esta, que no venia funcionando bien, garantizaba, por lo menos, los servicios de salud al afiliado ya fuera del régimen contributivo o del subsidiado y respetaba con restricciones el criterio médico.
En un principio los decretos restringían casi que en su totalidad los servicios de salud especializada y los limitaban a los servicios de atención básica, o sea  a una gripa, una fiebre; antes cualquier tipo de dolencia o malestar de un paciente, era remitido por el médico general,  que hacia la atención inicial, al especialista, sólo basado en su criterio profesional.
Pero ahora era diferente, los médicos no tendrían esa autonomía. Supuestamente, si enviaban a alguien al especialista sin una autorización previa, no se sabe de quien, serian multados por una Junta Inquisidora. Imagínense, si antes era  difícil ser remitido al especialista, ahora se ponía peor.
Igual con la atención de Enfermedades Atroces, que además de padecerla, como su nombre lo indica, atroz, era peor la odisea para tratar de recibir la atención necesaria y había que recurrir a los estrados judiciales, vía Tutela, porque era vulnerado el derecho fundamental a la vida y salud. Entonces, le tocaba a un Juez de la República y no a la Entidad Prestadora de Salud, EPS, a la que se estaba afiliado y pagando, obligar a la EPS a brindar el tratamiento adecuado, el cual muchas veces se siguen negando a prestar por ser demasiado costoso.
Para sacar de la crisis económica a las EPS, que se generó  supuestamente por este tipo de tratamientos, los de alto costo y, por la atención medica especializada, hicieron estos decretos con formulas tan interesantes como la de siguiente: No más médicos especialistas para los usuarios del servicio de salud y la joya de la corona: cuando el costo de la atención supere unos topes establecidos, unos topes mínimos, los ciudadanos responderán con sus Cesantía, Pensiones y Patrimonio (casa, carro, motos, bicicletas, burros, etc.), lo que en otras palabras quiere decir, un retroceso en el servicio de salud publica, además de ponernos a pagar por la falta de vigilancia y complicidad del Gobierno con las EPS.
El Gobierno debe buscar a los verdaderos responsables de esta crisis que, entre otras, ocasionó él mismo; al no pagar a tiempo con los recursos del Fosiga los dineros que debe a las EPS, además de la inclusión de 23 millones de personas al régimen subsidiado, sin ningún tipo de control y estudio, solo buscando beneficios políticos, que ocasionaron un hueco fiscal casi imposible de tapar, en detrimento de la clase trabajadora colombiana que paga en el régimen contributivo.
Después, como corrigiendo planas el Gobierno en cabeza del ministro Diego Palacio y el propio presidente Uribe, han reculado, pero feo. Primero con la atención médica especializada, después con lo de las Cesantías, que el presidente inicialmente salió a decir que este caso sólo era para los de estrato 5 y 6 que son los ricos de Colombia. Que descaro! Cuales ricos, si en Colombia los ricos no llegan a 1000 incluido el Presidente y  su Gobierno, y ninguno vive en estrato 5 o 6, ellos viven en sus mansiones-fincas generalmente ubicadas zona rural, o sea estrato 1, o viven en Miami, Nueva York o Madrid. Los que somos estrato 5 en Colombia, somos una especie en vía de extinción, la clase media o emergente, que este gobierno con sus políticas sociales y económicas esta empeñado en acabar. Claro que después tuvo que rectificar y echar atrás.
Con el gremio de los Médicos les toco igual, echar para atrás la supervisión al Criterio Medico, que como me dijo un medico amigo, es la dignidad la que estaba en juego.