El diputado Julio César Casadiego fue notificado de la decisión de segunda instancia que decreta la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Regional Cesar, que lo sancionaba por seis meses.

La Procuraduría lo había sancionado con suspensión del cargo e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas, por no asistir a 35 sesiones de la Asamblea del Cesar durante el periodo 2012–2015.

En primera instancia, el Ministerio Público determinó que Casadiegos Navarro no presentó ninguna justificación por su ausencia, con lo que se apartó de su deber y su conducta fue calificada como grave a título de dolo.

Sin embargo, en segunda instancia se decretó la nulidad del fallo de la Procuraduría Regional, al considerar que las pruebas que llevaron a la sanción no tenían el peso probatorio que ellos habían decidido.

“Desde un principio hemos dicho que aquí se ha tratado de una persecución. Se trata del mismo actor que nos llevó al Consejo de Estado en una pérdida de investidura en el que fuimos absueltos. Desde un inicio se habló de 165 ausencias, luego cuando entramos al proceso se hablan de 135 sin justa causa, para que en últimas la primera instancia sustente su decisión con 35, cuando nosotros hemos presentado 18 excusas debidamente radicadas. Esta inconsistencia es la que encuentra la segunda instancia”, explicó Casadiegos.

El Diputado aseguró que cualquier decisión que tome la Procuraduría la va a respetar, porque ha primado el derecho a la defensa. “En conclusión, lo que se ha demostrado es que de lo que nos estaban sancionando no tenían el peso probatorio. Acatamos la decisión y la invitación es que se respete el debido proceso”, acotó.

Casadiego insiste en que es una persecución y muchas personas, aunque no lo haya acompañado, también se han dado cuenta de una u otra manera de la situación, “porque hemos alzado la voz en ciertas circunstancias que no estamos de acuerdo. Hemos dicho unas cuantas verdades que no todo el mundo se atreve a decir. Hemos dicho quiénes son los que imponen decisiones al gobierno departamental, que hay unas fuerzas externas que vienen manejando la contratación del departamento”, puntualizó.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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