El sector de la construcción en Valledupar ha decrecido en los últimos años, así lo ratificaron los ponentes y dialogantes que hicieron presencia en el XII Diálogo de Ciudad organizado por la revista Enfoque Vallenato.

El gerente de la Cámara Regional de la Construcción, Camacol, Cesar, Miguel Villazón Blay, fue el encargado de aclarar sobre la situación actual de la construcción en Valledupar aseverando que el sector está afectado. “Hoy Valledupar atraviesa por una situación particular, es un sector que se ha visto golpeado por la situación financiera del país, es un sector que cuando cae lo hace más que el promedio, pero cuando crece, crece mucho más que el promedio. Hemos tenido una articulación con Gobierno Nacional esperando una reactivación del sector”, dijo el conocedor del gremio, quien aprovechó la oportunidad para referirse al decreto firmado hace pocas semanas que alivia las cargas urbanísticas en el municipio, señalando que “es una ayuda porque se trata de una carga que tocaba cancelar el 100 % desde el inicio sin haber vendido y ahora, aunque la afectación económica es la misma, podrá pagarse diferida en el tiempo”, sin embargo, los constructores de Valledupar reclaman reducir estas cargas urbanísticas porque como expresó Villazón Blay “están desproporcionadas a la actividad constructora en Valledupar”.

Asimismo, el gerente de Camacol expuso un panorama de los proyectos activos en el municipio, indicando que en el 2017 fueron 63 proyectos urbanísticos y en el 2018 decayeron a 57, además, en este mismo año, julio fue el mes en que menos se han vendido viviendas desde el año 2015. Acotó como otro aspecto negativo que en agosto no se hicieron lanzamientos de vivienda, lo que deja ver una crisis en el gremio, y para completar el lamentable panorama, Villazón Blay manifestó que según datos oficiales, el 70 % de las construcciones en Valledupar, son ilegales.

Las causas de la desaceleración de la construcción fueron expuestas por el arquitecto Augusto Enrique Orozco, quien afirmó que “obedece a un régimen de protección social, al desestimulo del sector productivo, a la escalada del desempleo, a la financiación de los proyectos, a la ausencia de participación de las alianzas público privadas y a un POT incoherente”.