¿Cuál es el daño del discurso de odio, el daño del que es responsable el discurso de odio? ¿Es este daño suficiente para justificar su proscripción o regulación, dada la fuerte protección que las democracias liberales suelen otorgar a la libertad de expresión en su constitución? Estas inquietudes son analizadas con detalle por el filósofo jurídico Jeremy Waldron en su libro ‘El daño del discurso de odio’. 

Cuenta Jeremy Waldron que Estados Unidos es casi el único entre las democracias liberales occidentales que no castiga lo que se llama discurso de odio: mensajes orales o escritos que “incitan al odio” contra una persona o grupo por motivos de raza, religión, política, sexo, etnia u orientación sexual. Canadá, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania y Nueva Zelanda tienen leyes de este tipo, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pretende exigir que las naciones signatarias las aprueben.   

Aunque considera “improbable” que la legislación sobre incitación al odio “alguna vez sea aprobada constitucionalmente en Estados Unidos”, espera persuadir a los estadounidenses a que se tomen más en serio el daño que ese discurso causa y superen los comportamientos “instintivos, impulsivos e irreflexivos”. Argumentos que, dice, “a menudo” caracterizan los debates estadounidenses sobre el tema.

Waldron argumenta: “cada persona debería poder dedicarse a sus asuntos, con la seguridad de que no habrá necesidad de enfrentar hostilidad, violencia, discriminación o exclusión por parte de otros”. El discurso de odio socava este bien público esencial. El autor considera que “cuando una sociedad es desfigurada con carteles antisemitas, quemando cruces y folletos raciales difamatorios”, esta garantía de seguridad se evapora.

En Colombia la libertad de expresión es un derecho que se manifiesta voluntariamente bajo una consigna inmutable relacionada con el respeto y sin excepciones en nuestro ordenamiento jurídico. Pero este derecho, a veces, es alcanzado por la censura   

Fue el expresidente Juan Manuel Santos, quien puso de moda el término: Desescalamiento. Este llamado de paso lento tuvo la intención de restarle espacio al discurso de odio. De acuerdo con el artículo 188 de la Constitución, “El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. En ese sentido es el primero en la fila para el desescalamiento del lenguaje en todo tiempo, particularmente, en la incertidumbre que rondó el proceso de paz con las FARC, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.   

Unir al país no es una tarea sencilla con muchos momentos delicados a lo largo de su traumática historia, pero actualmente, recorre un camino incierto en al menos tres ámbitos distintos: la economía, la ideologización política y la exacerbación del odio. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no debe escatimar en la misión de unir al pueblo colombiano. 

Lo sucedido con su familia y particularmente, con su hija menor en el metropolitano, invoca y requiere que el país logre entender el desescalamiento planteado por el expresidente Santos. El compromiso es de todos, con el presidente de la república encabezando y seguido por todos los actores políticos, el miedo y el odio no pueden ser métodos de debate político, ni servir para profundizar las diferencias, sostenerlo en una sociedad según la cual debe su libertad a un florero termina convirtiéndose en esclava de la intolerancia y participando de la estrategia del odio y la desinformación.

Por Luis Elquis Díaz.