Diez años después de que la Unesco declarara la música vallenata tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial, la región enfrenta un balance incómodo: las instituciones responsables nunca cumplieron a cabalidad el Plan Especial de Salvaguardia, PES, y hoy los riesgos sobre la tradición son mayores que los que motivaron la declaratoria en 2015.
El PES, aprobado desde 2013 y formalizado ante la Unesco en 2015, era un compromiso de país. Su implementación recaía en alcaldías, gobernaciones, el Ministerio de Cultura, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (como operador cultural del sistema tradicional), las secretarías de Cultura departamentales y municipales, y la red institucional encargada del patrimonio.
Pero la década que debía consolidar la protección terminó convertida en un período de parálisis institucional, proyectos inconclusos y silencios administrativos frente a obligaciones expresas: formación, investigación, salvaguarda de compositores, fortalecimiento de juglares y espacios de transmisión, protección de escenarios tradicionales y promoción de prácticas auténticas en riesgo.
