La historia jurídica de Colombia —y, por extensión, la de Valledupar— va desde las normas indígenas y la Legislación de Indias, pasa por el Código Civil de Bello y las reformas humanistas del siglo XIX, y desemboca en universidades, consultorios y escenarios académicos donde hoy se forman juristas comprometidos con su entorno.
Más allá de los códigos y los estrados, inicia con el choque de mundos que se produjo con la llegada de los españoles en 1492. Antes de la conquista, los pueblos indígenas del Caribe colombiano se gobernaban mediante normas consuetudinarias, profundamente ligadas a la vida comunitaria, al respeto por la tierra y a un sentido colectivo del orden. Eran reglas no escritas, pero vivas, transmitidas por la tradición y sostenidas por la autoridad moral de los caciques. La colonización trastocó ese universo normativo. Con la imposición del dominio español, aquellas formas de organización fueron desplazadas por la Legislación de Indias, iniciada en 1503, un extenso entramado normativo diseñado para regular la vida en los territorios americanos bajo el mando de la Corona. Allí comenzó a germinar, entre tensiones y contradicciones, la cultura jurídica escrita que marcaría el devenir institucional de estas tierras.
Raíces coloniales y normas primigenias
En Valle del Cacique Upar, nace hace 476 años, y jurídicamente inició bajo la sombra del derecho indiano, se aplicaron disposiciones como las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542, intentos tempranos —aunque limitados— de frenar los abusos contra las poblaciones indígenas y reconocerles ciertos derechos frente a la explotación desmedida. No eran normas perfectas, pero sí representaron un primer esfuerzo por introducir la idea de dignidad humana en un contexto de dominación.
La culminación de este sistema normativo llegó en 1680, cuando el rey Carlos II ordenó la promulgación de la Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias: más de 6.400 disposiciones organizadas en nueve libros, que regularon desde el trabajo indígena hasta las funciones de virreyes, oidores y soldados. Este monumental cuerpo legal rigió hasta la independencia en 1810 y dejó una huella indeleble: instauró la noción de que la vida social debía regirse por normas escritas, interpretadas por autoridades y aplicadas con pretensión de justicia.
Un código nuestro… no tan nuestro
La independencia no significó un borrón jurídico. Colombia heredó gran parte del derecho español, profundamente influido por la tradición grecorromana. Sin embargo, la joven república pronto sintió la necesidad de construir un ordenamiento propio. En 1829, Simón Bolívar impulsó un proyecto de Código Civil inspirado en el modelo francés, pero la fragmentación política de 1830 frustró aquel intento.
El verdadero punto de inflexión llegó desde el sur del continente. El jurista venezolano Andrés Bello, tras años de trabajo intelectual riguroso, redactó el Código Civil chileno, aprobado en 1855 y vigente desde 1857. Su solidez conceptual fue tal que el Estado Soberano de Santander lo adoptó en 1858, y progresivamente se extendió por la Nueva Granada. Finalmente, mediante la Ley 84 de 1873, Colombia oficializó el Código Civil de Bello, que entró en vigor en 1876. Con más de 2.500 artículos, este texto sigue siendo, hasta hoy, la columna vertebral del derecho civil colombiano: un código “nuestro”, aunque gestado más allá de nuestras fronteras.
La humanización del derecho y pedagogía
El siglo XIX transformó el derecho civil; también trajo avances decisivos en materia penal. En 1873 se promulgó el Código Penal de los Estados Unidos de Colombia, que incorporó principios profundamente humanistas para su época. Se abolió la pena de muerte para delitos políticos —y luego para delitos comunes—, se redujeron las penas privativas de la libertad, se eliminó la prisión por deudas y se desterró la “vergüenza pública” como forma de castigo.
Estas reformas no fueron simples ajustes técnicos: reflejaron un cambio cultural de fondo, una transición hacia la centralidad de la dignidad humana y una concepción más racional y restaurativa del castigo. Aunque en 1890 hubo un retorno parcial al código de 1837, las conquistas liberales del siglo XIX dejaron un precedente irreversible en la evolución del derecho penal colombiano.
En el ámbito regional, dimos un paso decisivo con la creación de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en 1976, una de las primeras instituciones de educación superior del departamento. Años después, la llegada de la Universidad Antonio Nariño, que abrió sede en 1995 en el barrio Loperena y trasladó sus instalaciones en 1996 cerca del Batallón La Popa, consolidó el programa de Derecho en la ciudad.
Con estas instituciones, Valledupar dejó de ser únicamente receptora de abogados formados en otras capitales. Comenzó a producir sus propios juristas, profesionales capaces de incidir en los tribunales, en la administración pública y en la construcción de ciudadanía. La educación jurídica se convirtió en motor de movilidad social, pensamiento crítico y transformación institucional.
El kuncho
Nuestra historia jurídica; se manifiesta en la práctica cotidiana. Algunos hitos recientes lo confirman:
Acciones populares impulsadas por la Defensoría del Pueblo (2024): estudiantes de Derecho de la UPC participaron en demandas para proteger derechos colectivos frente a la mala gestión del riesgo ambiental y la deficiente prestación de servicios públicos, logrando sentencias que obligaron a las autoridades a actuar.
Procesos de restitución de tierras en el Cesar: Valledupar ha sido epicentro de litigios que devolvieron tierras a comunidades desplazadas en municipios como La Paz y Codazzi. Allí, abogados locales acompañaron procesos donde la justicia se convirtió en memoria, reparación y dignidad.
Congreso Nacional de Gerentes Jurídicos (2025): con más de 340 asistentes, la ciudad se consolidó como sede de debates jurídicos y empresariales de alcance nacional, reafirmando su papel como referente académico en el Caribe colombiano.
Consultorios jurídicos universitarios: tanto la UPC como la UDES, universidad Andina han atendido casos de violencia intrafamiliar, conflictos laborales y conciliaciones comunitarias, acercando la justicia a los sectores más vulnerables y formando abogados con sensibilidad social.
Por Luis José Mendoza Guerra.
Abogado, docente-investigador, doctor en Ciencias de la Educación
