Los principales medios de comunicación han venido dedicando espacios al litigio que adelantan abogados estadounidenses contra empresas que operan en el país.

Es un tema nacional, pero podría trascender a nuestras regiones en donde este tipo de empresas tienen o pueden llegar a tener operaciones.

Son varios los casos, siendo el de reciente relevancia el de la bananera Chiquita Brands y también otro de la empresa colombiana Ecopetrol, ambas amenazadas por abogados estadounidenses. También han tenido en el foco a las mineras Drummond y Glencore.

Se han unido varios elementos para esa andanada: la tradición de pleitos que caracteriza a la sociedad norteamericana en la que a nadie se le ahorra una demanda judicial; la ambición desproporcionada de los abogados de ese país que recaudan y manejan fondos para controlar testigos según sus intereses; la teoría de ‘los bolsillos llenos’, práctica de litigantes que le apuestan a que demandar de forma escandalosa grandes compañías, que viven de su reputación internacional, las llevaría a ceder dejando en la mesa dineros significativos a los demandantes; la situación desesperada y entendible de muchas víctimas en Colombia después de un largo conflicto armado y las últimos presiones hacia y de la misma JEP para ‘atraer a terceros civiles, personas naturales y jurídicas a su redil judicial’ en aras del llamado esclarecimiento de verdades, a pesar de que la norma estableció el principio de voluntariedad.

Según los informes, estamos frente a una tendencia de abogados gringos que “abusan o engañan a víctimas” para demandar a multinacionales en Colombia.

El pasado 10 de junio se conoció que Chiquita Brands perdió un juicio civil en Estados Unidos por financiación de grupos paramilitares en Colombia. En cuanto al caso de la empresa colombiana “la investigación se refiere a si Ecopetrol habría violado las leyes federales de valores”.

Son solo dos casos para ilustrar el tema, en los que, posiblemente, prevalezca el objetivo de lucro de esos abogados en contraste con las políticas de atracción extranjera para impulsar procesos de desarrollo económico.

Las multinacionales pueden ver en Colombia una oportunidad para expandir sus operaciones y se deben sujetar a las leyes y regulaciones locales. Pero los abogados extranjeros especializados, conocidos por su agresividad y recursos casi ilimitados, también han identificado una ocasión propicia para sus intereses económicos mediante la aplicación de normas extraterritoriales.

Aunque las amenazas de litigio pueden servir como un mecanismo de control y rendición de cuentas para esas empresas que, en muchos casos, han sido acusadas de prácticas poco éticas y de causar daños significativos a las comunidades locales y al medio ambiente; por otra parte, con el sesgo antiminero-energético y extranjero se puede llegar a trastocar la soberanía legal, la atracción de inversiones e incurrir en fraudes procesales y desconocimiento de las pruebas por parte de altos tribunales.

Colombia debe llevar cuidadosamente el asunto para proteger sus intereses nacionales, promover el desarrollo sostenible y garantizar un entorno legal, justo y predecible, para todas las partes involucradas en procesos de la economía nacional. Sin que se afecten la equidad y la verdadera justicia.