Cuba fue el eje de la expansión comunista en el continente. Ahora, de nuevo, el apoyo cubano al ELN tensa las relaciones entre los dos países. Una carta de la Cancillería cubana confirma que “desde el 8 de agosto del 2018, el actual Gobierno de Colombia, al más alto nivel, mantuvo múltiples intercambios con Cuba […]
Cuba fue el eje de la expansión comunista en el continente. Ahora, de nuevo, el apoyo cubano al ELN tensa las relaciones entre los dos países.
Una carta de la Cancillería cubana confirma que “desde el 8 de agosto del 2018, el actual Gobierno de Colombia, al más alto nivel, mantuvo múltiples intercambios con Cuba y el propio Alto Comisionado para la Paz con el ELN, en aras de continuar los diálogos, solicitando a Cuba facilitar las comunicaciones y trasladar mensajes”. Las conversaciones se rompieron en enero de 2019 cuando el ELN asesinó a 22 cadetes en la Escuela General Santander.
Hace pocos días, La Habana reclamó con mucha molestia al Gobierno colombiano que los Estados Unidos incluyera de nuevo a Cuba entre los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo por no enviar a los comandantes guerrilleros a nuestro país. Colombia respondió que la decisión norteamericana era autónoma, que seguía a la espera de que Cuba respondiera a las solicitudes de extradición y que agradecía “el importante papel que ha jugado el Gobierno de Cuba en la política de paz de este Gobierno”.
Por un lado, es cierto que la conducta del Gobierno colombiano constituye un reconocimiento tácito al papel de Cuba y una autorización a la presencia guerrillera en la isla. Por el otro, Colombia tiene razón en sostener que si, como lo dice el gobierno habanero en su carta de reclamo, “las autoridades cubanas expresamente establecieron como condición a la delegación del ELN, que se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”, el asesinato de los cadetes es una violación del requisito exigido al ELN de solo usar el territorio cubano para adelantar diálogos para un acuerdo de paz.
Tolerar que los países en que se adelanten conversaciones sean también usados por los grupos subversivos para planear, dirigir y supervisar ataques terroristas supondría dar carta blanca e inmunidad de facto para los responsables y desdibujaría el propósito de los diálogos y el papel de los países sedes.
Cuba debe proceder a la extradición de los guerrilleros a Colombia o, como mínimo, a la expulsión de su territorio. Pero es previsible que no lo hagan. Cuba parece querer seguir siendo un problema de seguridad nacional para nuestro país. Hemos pagado un altísimo costo como sociedad por cuenta de las relaciones cubanas con los subversivos y con el narcotráfico y por su apoyo al régimen chavista.
Finalmente, no dejan de sorprender las declaraciones del dos de junio del comisionado Ceballos cuando afirmó que esperaba “llegar a algo” con el ELN y que le insistía en que “tome en serio la posibilidad de una paz real”. Todo parece indicar que, a pesar de todo, el Gobierno sigue en lo mismo: buscando negociaciones con los grupos subversivos.
Cuba fue el eje de la expansión comunista en el continente. Ahora, de nuevo, el apoyo cubano al ELN tensa las relaciones entre los dos países. Una carta de la Cancillería cubana confirma que “desde el 8 de agosto del 2018, el actual Gobierno de Colombia, al más alto nivel, mantuvo múltiples intercambios con Cuba […]
Cuba fue el eje de la expansión comunista en el continente. Ahora, de nuevo, el apoyo cubano al ELN tensa las relaciones entre los dos países.
Una carta de la Cancillería cubana confirma que “desde el 8 de agosto del 2018, el actual Gobierno de Colombia, al más alto nivel, mantuvo múltiples intercambios con Cuba y el propio Alto Comisionado para la Paz con el ELN, en aras de continuar los diálogos, solicitando a Cuba facilitar las comunicaciones y trasladar mensajes”. Las conversaciones se rompieron en enero de 2019 cuando el ELN asesinó a 22 cadetes en la Escuela General Santander.
Hace pocos días, La Habana reclamó con mucha molestia al Gobierno colombiano que los Estados Unidos incluyera de nuevo a Cuba entre los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo por no enviar a los comandantes guerrilleros a nuestro país. Colombia respondió que la decisión norteamericana era autónoma, que seguía a la espera de que Cuba respondiera a las solicitudes de extradición y que agradecía “el importante papel que ha jugado el Gobierno de Cuba en la política de paz de este Gobierno”.
Por un lado, es cierto que la conducta del Gobierno colombiano constituye un reconocimiento tácito al papel de Cuba y una autorización a la presencia guerrillera en la isla. Por el otro, Colombia tiene razón en sostener que si, como lo dice el gobierno habanero en su carta de reclamo, “las autoridades cubanas expresamente establecieron como condición a la delegación del ELN, que se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en Cuba: negociar la paz en Colombia”, el asesinato de los cadetes es una violación del requisito exigido al ELN de solo usar el territorio cubano para adelantar diálogos para un acuerdo de paz.
Tolerar que los países en que se adelanten conversaciones sean también usados por los grupos subversivos para planear, dirigir y supervisar ataques terroristas supondría dar carta blanca e inmunidad de facto para los responsables y desdibujaría el propósito de los diálogos y el papel de los países sedes.
Cuba debe proceder a la extradición de los guerrilleros a Colombia o, como mínimo, a la expulsión de su territorio. Pero es previsible que no lo hagan. Cuba parece querer seguir siendo un problema de seguridad nacional para nuestro país. Hemos pagado un altísimo costo como sociedad por cuenta de las relaciones cubanas con los subversivos y con el narcotráfico y por su apoyo al régimen chavista.
Finalmente, no dejan de sorprender las declaraciones del dos de junio del comisionado Ceballos cuando afirmó que esperaba “llegar a algo” con el ELN y que le insistía en que “tome en serio la posibilidad de una paz real”. Todo parece indicar que, a pesar de todo, el Gobierno sigue en lo mismo: buscando negociaciones con los grupos subversivos.