No se sabe el número. Pero las cárceles de Valledupar –la Judicial y la Penitenciaria de Mediana y Alta Seguridad- no serán ajenas a la aplicación de la reciente Ley 1709 (aprobada por el Congreso de la Republica en diciembre de 2014 y sancionada por el Presidente el 20 de enero de 2014), que se estima permitirá la salida de cerca de nueve mil presos de las 138 cárceles que administra el INPEC en Colombia.

El motivo de la salida de los reclusos no es otra que disminuir los altos niveles de hacinamiento en las cárceles, problema que no ha podido solucionar el Gobierno Nacional. Por eso la suspensión de la pena es una de las medidas incluidas en el nuevo Código Penitenciario. Las prisiones colombianas, y ahí incluidas las instaladas en Valledupar, son una bomba de tiempo. El sobrecupo es de un 60 % a nivel nacional y existen algunas que superan el 400 %, entre esas la Cárcel Judicial de Valledupar.

El hecho ocurrido la noche del lunes en Barranquilla en la Cárcel Modelo, donde los presos del patio B iniciaron una protesta con incendio incluido, que dejó 10 muertos y más de 40 heridos, es el efecto del hacinamiento y el bajo número de guardianes que no pueden controlar el numeroso grupo de presos por patio.

Aun no se sabe cuántos presos saldrán de las cárceles de Valledupar. Para tranquilidad de la ciudadanía, lo que sí se sabe es que la Ley 1709 determina que los reclusos que podrán salir son aquellos que ya hayan cumplido las tres quintas partes de la pena, los que por un desempeño han demostrado que no existe necesidad de seguir en una cárcel y los que comprueben un arraigo familiar y social. Y no podrán salir los condenados por delitos de rebelión, por lo que esta Ley no acoge a guerrilleros, ni paramilitares ni miembros de bandas criminales. Tranquilidad a medias, porque unos irán a sus casas a terminar la pena y otros a la calle a engrosar los índices de desempleo y, en el peor de los casos, a seguir delinquiendo.

La nueva Ley está conformada por 107 artículos, y es de suma importancia el 106, un artículo transitorio que ordena que a partir de los seis meses de promulgada esta Ley se haga un documento CONPES armonizado con el Consejo Superior de Política Criminal, para definir y adoptar el plan estratégico y financiero de política carcelaria, que incluye temas como compromisos presupuestales, fuentes de financiación, planes de construcciones e infraestructura, de dotación para la resocialización, el empleo y la educación, de sanidad, de personal, guardas, funcionarios y servidores públicos.

Mientras que se define como se articula la nueva Ley con el sistema judicial y se estudian los casos de los reclusos que saldrán de las cárceles, es oportuno que los gobiernos municipales y departamentales vayan pensando en esa población. ¿Qué va a pasar con los internos que salen de las cárceles de Valledupar y se quedan en a las calles de Valledupar y de otros municipios del Cesar?